Igualdad registró el anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Consejo "sin carácter de urgencia" el pasado 28 de julio, por lo que se prevé que la votación se produzca "como muy pronto" en la reunión de la Comisión Permanente que tendrá lugar el 10 de septiembre. No obstante, esta comisión podría decidir someter el informe a votación en el Pleno, que se reúne una vez al mes, lo que dilataría aún más el procedimiento.
El anteproyecto ha sido registrado en la Sección Tercera del Consejo de Estado, presidida desde el mes de mayo por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ex diputado de UCD y Alianza Popular y Ponente de la Constitución Española. Esta Sección elaborará un borrador de dictamen y lo remitirá para su estudio y votación a la Comisión Permanente, compuesta por otros siete consejeros, el secretario General y el presidente del Consejo, Francisco Rubio Llorente.
El informe resultante, que no tendrá carácter preceptivo, se requiere tras la ausencia de dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que por primera vez en sus casi 30 años de historia, no informará una ley propuesta por el Gobierno porque el pleno de la institución no logró consensuar una postura sobre el texto.
El anteproyecto también encontró trabas en la Fiscalía General del Estado, cuyos vocales decidieron remitir al Gobierno dos informes, uno votado por mayoría y contrario a la Ley y otro, con los votos particulares, entre otros, del Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido, que sí es favorable a la iniciativa del Ejecutivo.
Según fuentes del Ministerio de Igualdad, "aunque el informe no es preceptivo, se ha considerado oportuno, por la trascendencia de la regulación" que se persigue, solicitar la opinión al Consejo de Estado, entre cuyas competencias está la "ser oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente".
Tras la votación del informe en la Comisión Permanente, si ésta lo decidiera, el dictamen podría ser enviado al Pleno del Consejo de Estado, compuesto por los consejeros de la Comisión Permanente, los Consejeros natos (ex presidentes del Gobierno, responsables de las Reales Academias, el Banco de España o el Ejército, entre otros) y los consejeros electivos, entre los que se encuentran el ex presidente del Tribunal Constitucional Pedro Cruz Villalón o la ex ministra popular Isabel Tocino, entre otros.