Con la aprobación de la nueva ley antifumadores, muchos hosteleros automáticamente vieron como las obras que habían realizado para acondicionar sus locales, quedaban automáticamente inútiles. Preguntada a este respecto, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, quiso minimizar y ningunear el problema asegurando que "son pocos" los locales que quedaban en esa situación.
Pero la realidad vuelve a contradecirle. Según informa Expansión, entre esos "pocos" que realizaron obras de acondicionamiento, se encuentran seis grandes grupos hosteleros, decididos a demandar al Estado por la nueva ley antifumadores. Estas empresas reclamarán la responsabilidad patrimonial del Estado por cambio legislativo ante las importantes reformas que acometieron, con un coste que puede llegar hasta los 100.000 euros por establecimiento.
Además, los hosteleros también reclaman por la inseguridad jurídica que suponen unos cambios imprevistos y que "echan por tierra la planificación de las empresas en plena crisis".
Entre otros, el grupo Hotusa y el grupo Arturo estudian ahora cómo llevar a cabo estas reclamaciones ya que fueron un total de 50.000 establecimientos los que hicieron obras de este estilo. Una gran cantidad de muros, mamparas y costosos extractores de humos, que han quedado inútiles ante la nueva y restrictiva normativa.
Según varios despachos de abogados, consultados por Expansión, esta situación ya tiene precedentes y bastantes posibilidades de éxito. La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común avala las reclamaciones administrativas por cambios legislativos del Gobierno. Además, si no se estimara la reclamación administrativa cabría llevar el proceso a los tribunales interponiendo un recurso contencioso administrativo.