El dictamen del Consello Consultivo de Galicia sobre el proyecto de decreto que sustituirá al denostado 124/07, responsable de la actual imposición lingüística que todavía padecen los alumnos gallegos, sólo se puede explicar desde un prisma puramente político y entendiendo que su objetivo es el de salvaguardar la imagen de uno de sus más ilustres miembros, el ex presidente Touriño, o las concepciones ideológicas de algunos otros, como su presidenta Teresa Conde Pumpido, con fuertes vínculos con la izquierda nacionalista.
El documento es una sarta de falacias, inexactitudes o tergiversaciones tendentes a desacreditar e ilegalizar una parte del proyecto de la Administración gallega, la consulta a los padres o alumnos sobre la lengua de los bloques de asignaturas designados previamente por la Consellería de Educación. El informe obvia o niega que la libertad de elección del idioma vehicular por las familias es un modelo avalado por el Tribunal Constitucional en el caso vasco o que existe en países como Finlandia o Reino Unido, cuyos sistemas han sido aplaudidos por los Comité de Expertos que supervisan el cumplimiento de la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias.
Galicia Bilingüe ha realizado un análisis pormenorizado del informe del Consultivo, que considera banal y tramposo desde el punto de vista puramente jurídico, ámbito al que debería ceñirse el referido órgano, y con una gran dosis de carga política, aspecto que se escapa desde cualquier punto de vista de sus competencias.
La asociación inicia su trabajo tildando de disparate que el Consultivo considere que vulnera la Constitución el hecho de que se permita a los padres determinar cuál es la lengua materna de sus hijos, así como que esta consulta atente contra el mandato que tienen los poderes públicos de elaborar el programa general de la enseñanza.
Frente a ese dislate, que, en base a los artículos de la Carta Magna a los que el citado órgano hace referencia, trasluce una extraña y curiosa concepción de la libertad y del desarrollo de la propia personalidad del individuo, Galicia Bilingüe opone, entre otros muchos argumentos, la legislación del resto de países europeos con más de un idioma oficial, donde los progenitores sí se pronuncian.
En este sentido, el Consultivo recurre a una trampa que reitera en varios momentos de su dictamen, al sostener que el hecho de que la Constitución reconozca directamente el derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos, excluye cualquier otra intervención paterna en el ámbito de la educación.
Pero la realidad es que este argumento es simplemente una falacia, pues que un derecho no esté expresamente recogido en la Constitución, bajo ningún concepto quiere decir que no pueda ser reconocido por una norma de rango inferior.
El deplorable informe equipara además, con manifiesta intencionalidad, la determinación del currículum y los contenidos de las materias con la lengua vehicular en la que éstas se imparten, cuando en todos los territorios bilingües sí se puede elegir el idioma, pero no los otros aspectos. Es más, aún en este ámbito, todo el mundo sabe que a partir de determinados niveles de la enseñanza, los padres pueden incluso escoger que sus hijos estudien determinadas materias u opciones, y que dejen de cursar otras, por lo que con mucho mayor motivo podrían opinar sobre la lengua vehicular.
“Contrariamente a lo dictaminado por el CCG _añade Galicia Bilingüe_ es evidente que está mucho más acorde con el respeto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad que consagra la Constitución, el hecho de que sean los progenitores, que son quienes tutelan los derechos de sus hijos en una democracia, los que decidan cuál es el idioma materno de sus hijos, a fin de procurar que puedan recibir la primera enseñanza en el mismo, siendo conveniente recordar al respecto la suma importancia que reconoce la UNESCO, desde su informe de 1953, a esta cuestión”.
Conviene recordar al Consultivo que en Galicia existen alrededor de medio centenar de centros en los que los alumnos cuyas familias así lo eligen reciben la enseñanza íntegramente en gallego, y supone Galicia Bilingüe que en estos colegios no se estará vulnerando la Constitución ni la LOE con el consentimiento de la Xunta. Asimismo, existen secciones bilingües en las que los padres pueden elegir si se les enseña a sus hijos algunas asignaturas en inglés.
El análisis de la asociación explica asimismo lo absurdo de considerar que la consulta a los padres invade competencias de los consellos escolares, y califica de inaudito que se estime, como hace el Consultivo, que tiene carácter de referéndum, pues sería simplemente equivalente a la que se hace a las familias cuando en un impreso de matrícula consignan las diferentes opciones que quieren ejercer dentro de las admitidas para cada curso por la propia Administración.
Y para que el derecho de elección derivado de esa pregunta pueda ser ejercido de manera efectiva, suele exigirse que haya un número mínimo de demandantes de la misma alternativa por una muy razonable y elemental cuestión presupuestaria.
Las resoluciones sobre los casos vasco y catalán.
Pero quizás lo más sorprendente de las reflexiones del órgano destinado a analizar la viabilidad jurídica del proyecto de decreto de uso del gallego en la enseñanza propuesto por la actual Xunta de Galicia, es que hayan obviado parcialmente o tergiversado los dos pronunciamientos judiciales más directamente relacionados con este tema y que más recorrido tuvieron en su día en los medios de comunicación. “Se trata _dijo hoy Gloria Lago_ de las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre los casos vasco y catalán, sentencias cuyo sentido es absolutamente imposible, o al menos yo creo que impensable, que no conozca perfectamente al menos uno de los miembros del Consultivo, como es el ex presidente Touriño”.
Galicia Bilingüe recoge en su informe varias frases textuales sobre la resolución relativa al caso vasco, como la que reconoce “la legitimidad constitucional de la coexistencia de enseñanza en euskera y en castellano, siempre y cuando queden garantizados, en igualdad de condiciones, los derechos de los residentes en el País Vasco para elegir con libertad real uno u otro tipo de enseñanzas”.
La asociación expone varios ejemplos del uso torticero que hace el Consultivo de alguno de los fundamentos jurídicos recogidos en esas resoluciones, al confundir, obviamente de manera deliberada, el que se reconozca el derecho a los poderes públicos de estar facultados para decidir sobre ciertas cuestiones relacionadas con la educación, con la obligación de hacerlo y la imposibilidad de que sea lícito un modelo de consulta a los padres. Es más, la entidad que dirige Gloria Lago exhibe varias citas textuales que legitiman la libre elección por parte de las familias.
También descalifica la pretensión del CCG de que no sean los padres los que determinen la lengua materna de sus hijos y lo haga la Administración, una postura completamente absurda y que lógicamente no encuentra réplica en ningún país democrático.
Y asimismo echa de menos que el órgano gallego no haya denunciado el proyecto de decreto por cuestiones más evidentes como que no se establezca la libertad total de los estudiantes para usar los libros y el material didáctico en la lengua de su elección, o que no se fije una casilla en el sobre de matrícula para que, no sólo en Infantil, sino igualmente en el Primer Ciclo de Primaria, los progenitores señalen cuál es el idioma materno del alumno, opción que ha sido avalada como la ideal por el Tribunal Supremo.
Se adjunta copia del análisis realizado por Galicia Bilingüe sobre el informe del Consello Consultivo de Galicia, un documento que desde hoy estará colgado en la web de la asociación, www.galiciabilingue.es