L D (Agencias) En rueda de prensa en el Parlamento, señaló que se han frustrado de nuevo las "esperanzas" que, en esta ocasión, las entidades memorialistas y las víctimas de la dictadura habían depositado en Garzón. En su opinión, los ganadores de esta "batalla" han sido el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, del que recordó depende del Gobierno.
Por ello, acusó al Ejecutivo central de inhibirse en esta cuestión, y añadió que ha nadado "entre dos aguas", lo que ha conducido a un "colaboracionismo en el blindaje del modelo español de impunidad que se consagró con la Ley de Amnistía de 1977".
También el secretario general de ERC, Joan Ridao, opinó en Madrid sobre la decisión de Garzón. Se declaró "perplejo" y "decepcionado" con la "desgraciada decisión" del juez de inhibirse de la causa general contra el franquismo con la que amagó hace un mes. "Después de tanto ruido hemos visto que había muy pocas nueces", resumió.
En declaraciones en el Congreso, Ridao dijo no entender cómo en un sólo mes Garzón ha pasado de declararse competente para instruir una causa general a inhibirse totalmente alegando la extinción de una responsabilidad que "hasta los alumnos de Primaria saben que no existía, porque saben que Franco está muerto desde hace 33 años". "No entendemos por qué esa celeridad y esa decisión precipitada", aseveró.
Además, avisó de que la "desgraciada decisión" de Garzón lleva el proceso a un "callejón sin salida", porque esos juzgados de instrucción en los que se inhibe Garzón también deberán ser incompetentes por el mismo motivo alegado por el magistrado de la Audiencia Nacional.
Torpedos de la Fiscalía
El portavoz de ERC en el Congreso aprovechó también para criticar la actuación de la Fiscalía y del Gobierno, a los que acusa de "torpedear constantemente" la labor del juez. "Es paradójico que la Fiscalía fuera muy diligente en relación con dictadores del cono sur y no haya mantenido la misma actitud con el régimen franquista", sentenció.
A su juicio, el problema está ahora en la Ley de Memoria Histórica, que no podía haber resuelto el problema de la exhumación de fosas obligando al Estado a implicarse. "Sólo dice que el Estado debe facilitar la exhumación pero no le obliga ni le compromete para abrir fosas", se quejó.
Para remediar esta situación, ERC defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una reforma puntual de la Ley de Memoria Histórica que, entre otras cosas, propone modificar ese artículo 11 relativo al apoyo de los poderes públicos a la exhumación de fosas.
Simó explicó, además, que el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà se reunirá con entidades memorialistas.