L D (Europa Press) El instructor, Wenceslao Francisco Olea, explica en su informe que esta sección –que debía tramitar los autos de ejecución de la pena de 21 meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales y un año por falsedad en documento oficial impuesto a Santiago del Valle por actos anteriores a la muerte de Mari Luz– presentaba carencias debido a la movilidad de los funcionarios que la atendían y la falta de experiencia de la secretaria más antigua.
Estas incidencias funcionariales, explica, habían propiciado la existencia "de más de 600 ejecutorias que habrían de controlarse sin dejar de atender los restantes trámites".
Según el juez instructor, no puede considerarse que el magistrado de Sevilla cometiera una desatención respecto al trabajo de esta sección dado que no se le dio cuenta "de la concreta situación en que se encontraban las ejecutorias". La ejecución de las sentencias se realizaba "sin problemas por los funcionarios destinados en otras secciones" –dice el juez– que acusa a los trabajadores del Juzgado de falta de colaboración para evitar el colapso.
"Se podrá reprochar al magistrado no hacer las indicaciones oportunas al personal del Juzgado" pero no "demorar o desatender el control directo de las ejecutorias", dice el juez.
Un retraso de más de dos años
El juez reconoce en su informe que la ejecución de la sentencia contra Del Valle se demoró durante más de dos años y dos meses pero explica que el juez Tirado dictó dos autos que "de haberse ejecutado con diligencia habrían evitado el lamentable resultado de la demora".
Olea añade, además, que lo único que podría haber hecho el juez respecto al trabajo de la sección de ejecutorias es realizar "una mera indicación u orden a la titular de la Secretaria, que es quien debía ejecutar lo que por el magistrado ya se había ordenado".
El instructor describe las carencias del Juzgado en cuanto a personal y preparación para asumir las funciones asignadas y califica el proceso de designación de funcionarios como "caótico". Así, explica que en la mencionada sección quedó un puesto vacante al que fue asignado "un funcionario interino" que según indica, no contaba con la suficiente formación. "Sin desconocer su buena voluntad, lo cierto es que difícilmente pueden asumir las funciones de unos puestos de trabajo que debido a la labor cotidiana, poco tiempo permiten para dedicar al aprendizaje", dice.
Además, añade, el puesto permaneció sin cubrir seis meses por que el funcionario interino designado ocasionó una nueva vacante "por permiso por matrimonio" que no se solventó con un nuevo nombramiento.
"Ciertamente que durante esos meses de vacancia del puesto podría haberse aligerado ese pernicioso efecto con el apoyo de los otros dos funcionarios designados en las otras secciones del negociado de ejecutorias pero es manifiesto que el cúmulo de trabajo de esas dos secciones no permitía grandes logros", dice. El juez instructor expresa que lo deseable es que el juez pudiera supervisar todos los procedimientos que están bajo su dirección pero "esa realidad está muy alejado de la situación en la que se encontraba el Juzgado".
El juez –explica Olea– debía dedicar tres días como mínimo a juicios, excediendo las horas de mañana, dictar sentencia y controlar el trámite. "La competencia del Juzgado no permitía una dedicación extrema", añade.
Por todo ello, el juez Olea propone en su informe imponer al magistrado una sanción de 250.000 pesetas (1.502,53 euros) al considerarse responsable de una falta grave.
Bermejo, a favor de la Fiscalía
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se ha decantado este jueves por la postura defendida por la Fiscalía a la hora de proponer la sanción para el juez Tirado. "Hasta donde conozco, la posición de la Fiscalía me parece muy acertada a la realidad de lo acaecido", aseguró Bermejo durante la presentación de la Memoria Anual de la Abogacía General del Estado.
El Fiscal, en contra del juez instructor, propone sanciones contra el juez que van desde la suspensión hasta tres años, traslado forzoso o apartarle de la carrera judicial por haber cometido una falta "muy grave”.
"Lo importante es el CGPJ ofrezca una respuesta pronto. Entiendo que la Fiscalía ha adoptado una posición que defiende mejor unos intereses generales y el modo en que debe controlarse la actividad judicial irregular", expresó Bermejo.
El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, también afirmó que la consideración de la Fiscalía de que el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, incurrió en una falta "muy grave" por la que podría ser sancionado con "la suspensión por hasta tres años, traslado forzoso o separación de conformidad con lo dispuesto en el art. 420.2 LOPJ", es decir, la separación de la carrera judicial, "se ajusta más a la ley y a la justicia".
Por otra parte, en relación a la supuesta responsabilidad en los hechos de la Secretaria Judicial, el ministro reiteró que el informe sobre su actuación se encuentra "todavía en tramitación" por lo que no pudo ofrecer ninguna novedad al respecto.