El TSJM admite un recurso contra Patrimonio Nacional por cerrar el Valle de los Caídos

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso que presentó a finales del mes de abril la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos contra Patrimonio Nacional, la entidad pública dependiente del Ministerio de la Presidencia que debe velar por la conservación de determinados monumentos del titularidad estatal como los distintos Palacios Reales o el propio Valle, por el cierre al que el recinto de Cuelgamuros se ha visto sometido desde hace siete meses, en teoría por unos trabajos de restauración que difícilmente justificarían tal medida.

Además, en el auto en el que se decreta la admisión del recurso se obliga a la Administración, en este caso a Patrimonio Nacional, a que presente en un plazo de tan sólo 20 días los informes y los expedientes que expliquen y justifiquen estas decisiones. Esto es particularmente importante ya que, hasta el momento, estos documentos no se habían hecho públicos.

Esta noticia surge después de varias semanas en las que la situación en el Valle se había hecho completamente insostenible tras el inicio de la supuesta restauración de la Piedad de Juan de Ávalos, también denunciada ante la Justicia y que tras una importante polémica alrededor de los métodos elegidos para dicho trabajo había acabado por enfrentar, según ha podido saber Libertad Digital de fuentes dignas de toda solvencia, a la comunidad benedictina responsable del lugar (el Abad es, según la propia Ley de Memoria Histórica, la máxima autoridad en el Valle) y a otras partes implicadas como la propia Fundación Juan de Ávalos, con los directivos de Patrimonio Nacional.

Tal y como recuerda la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos en su propia página web el cierre de este monumento dista mucho de ser un tema baladí: más allá de las intencionalidades políticas evidentes para muchos, la situación mantenida durante siete meses ha supuesto unas pérdidas en concepto de ingreso en taquilla de al menos un millón doscientos mil euros, así como la perdida de una decena de puestos de trabajo de personal relacionado con el lugar (por ejemplo, los vendedores de la tienda de regalos y recuerdos) y también un recorte de la libertad de culto de los miles de fieles y turistas a los que se la ha negado la entrada a la Basílica.