El texto, que no incorpora ninguna modificación respecto al trámite del Congreso, será remitido directamente al BOE. y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
La Cámara Alta también rechazó las dos propuestas de veto presentadas por los IC y PNV e IC -ERC retiró la suya antes del debate-. Asimismo, no se aprobó finalmente ninguna de las enmiendas propuestas por el Grupo Popular , centradas principalmente en relacionar las tasas de las operadoras de telecomunicaciones exclusivamente con sus ingresos obtenidos por actividades en televisión.
Durante el debate, la senadora socialista Emelina Fernández defendió una propuesta "apoyada por la mayoría de los españoles" y que tiene el objetivo de "reforzar" el carácter de servicio público de TVE. A su entender, dada la coyuntura económica del sector, habría sido "imprudente dejar caer" a la corporación en un déficit presupuestario similar "al que se encontró el Gobierno socialista" con el anterior ente público.
Por su parte, el representante popular Miguel Sánchez aludió, pese a mostrarse a favor de esta medida, a la "falta de orden" en la regulación del sector, aludiendo a la falta de una Ley General Audiovisual. "Es un nuevo capítulo inconexo, arbitrario y poco riguroso de esta especie de culebrón audiovisual", apuntó.
El senador de ECP, Jordi Guillot apuntó a "las prisas y precipitación" del Gobierno para justificar su propuesta de veto, al tiempo que calificó de "absurda" esta medida. "La televisión pública británica o la francesa cuentan con presupuestos más altas que en España. TVE es una televisión buena y barata", explicó.
Para el senador de PNV Joseba Zubía, la supresión de publicidad "no responde a demanda social" y carece de "un debate global" que, a su entender, debería haberse llevado a cabo durante la tramitación de la Ley General Audiovisual. "Este modelo rompe con aquello por lo que se apostó hace tan sólo tres años", señaló.
"Pagos desproporcionados"
Con la nueva financiación, el presupuesto de RTVE quedará limitado a 1.200 millones de euros hasta el año 2011 y crecerá como máximo un 1 por ciento anual en el trienio 2012-2014. Asimismo, dispondrá de nu fondo de reserva con los ingresos que superen el coste del servicio público.
Las tasas impuestas al sector de las telecomunicaciones han sido uno de los puntos más polémicos de la nueva ley. La última modificación al texto en este apartado se produjo en la Comisión Constitucional del Congreso, donde se acordó un límite con el fin de evitar "pagos desproporcionados" en el futuro.
En concreto, las operadoras deberán aportar un 0,9 por ciento de sus ingresos (siempre que no superen el 25 por ciento del prespuesto de RTVE). En el caso de las privadas en abierto, su aportación se ajusta al 3 por ciento de sus ingresos (tope del 15 por ciento) y en las de pago, el 1,5 por ciento (límite del 20 por ciento).
Otro de los apartados polémicos ha sido la reducción a 52 el número de estrenos al año en prime time en TVE de películas realizadas por grandes productoras cinematográficas internacionales.
Respecto a la compra de eventos deportivos, quedará limitada a un 10 por ciento del total del presupuesto para este apartado, aunque estarán supeditadas a su catalogación como "eventos de interés general" determinados por el futuro Consejo Audiovisual.
Anuncios hasta 2010
Dado el ritmo de tramitación del texto, es previsible que se cumplan los tiempos que se había fijado el Gobierno y que a partir de septiembre TVE empiece la reducción definitiva de publicidad.
El impedimento para la supresión total de anuncios a partir de la entrada en vigor son los contratos firmados por la corporación antes de conocer esta medida. Fuentes de la cadena pública aseguraron que la programación en el último trimestre del año será previsiblemente "de continuidad" y que, a partir de enero, "la cosa será distinta".
El proyecto de ley ya contempla esta posibilidad, al afirmar que los compromisos de publicidad, televenta y programación de acceso condicional adquiridos previamente a la entrada en vigor de la ley se desarrollarán "en los términos establecidos" en el contrato, aunque sin que éstos puedan ser prorrogados "en ningún caso".
Un proyecto "arbitrario, inaceptable e injusto"
Redtel, que agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y ONO, aplazará para dentro de un mes las medidas a tomar en relación a la imposición de tasas a las operadoras de telecomunicaciones para financiar RTVE.
Según explicó un portavoz de Redtel, el consejo de la asociación decidirá las medidas a adoptar de cara al próximo mes de septiembre. El presidente de Redtel, Miguel Canalejo, ya calificó esta financiación de "proyecto arbitrario, inaceptable e injusto".
En esta misma línea, el presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Asimelec), Martín Pérez, incidió en la necesidad de "abrir un paréntesis para saber qué hacer", a raíz de la aprobación definitiva de las tasas y, entre estas medidas, incluyó la posibilidad de "ir a los tribunales".
Por su parte, la Asociación de Empresas Operadoras y Servicios de Telecomunicaciones (Astel) reiteró su negativa a una ley que, a su entender, "penaliza aun más" al sector de las telecomunicaciones que ya soporta una presión fiscal "excesiva" con una tasa por una actividad que nada tiene que ver con la suya.