LD (Agencias) María Salom, Ana Torme, Alicia Sánchez-Camacho, Ignacio Astarloa, Gabriel Elorriaga, Miguel Arias Cañete y, por fin, Ana Pastor este sábado, han opinado e impartido recetas contra la inmigración ilegal durante este verano.
Lo último en el PP es sumarse, dos semanas después, a una petición de CC para que se centralicen las competencias de inmigración ilegal en una sola cartera ministerial. Los nacionalistas canarios pidieron un nuevo ministerio. La secretaria de Política Social del PP se conforma con que haya "un único responsable ministerial que aglutine las competencias en inmigración".
La petición del PP llega después incluso de que el ministro de Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, haya anunciado una reestructuración de su gabinete para atender, en parte, la demanda de los nacionalistas de un aparato más operativo y eficaz contra las mafias.
La Dirección nacional del PP está pensando en "financiación estable y suficiente para hacer frente a las necesidades de las políticas de acogida y de integración de más de millón y medio de inmigrantes irregulares residentes en el país".
La secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, pidió que un único responsable ministerial aglutine las competencias en inmigración y urgió a que el Gobierno ayude a las CCAA y ayuntamientos para afrontar el "desbordamiento más grande que ha tenido España" en el tema migratorio.
Ello significa que hay que dotar de medios humanos y materiales a la administración autonómica y local", añadió Pastor, que aseguró que en estos momentos los recursos existentes están "colapsados".
De acuerdo con las estimaciones de algunas comunidades y teniendo en cuenta que no todas las personas tiene las mismas necesidades, se calcula que la atención a un inmigrante por año gira en torno a "los 10.000 euros", manifestó Pastor.
Además de la aprobación del decreto ley, la dirigente popular consideró prioritario el refuerzo del control de las fronteras; la firma inmediata de convenios de readmisión de nacionales con los países origen de la inmigración ilegal y la puesta en marcha de una política de coordinación con la Unión Europea.
Para afrontar este "gravísimo problema", Pastor defendió también que un sólo ministerio asuma las competencias en materia migratoria y que el Consejo Superior de Políticas de Inmigración (órgano de coordinación) sea presidido por los dos ministros actualmente a cargo de la inmigración (Alfredo Pérez Rubalcaba y Jesús Caldera).
"Parece mentira que, con el problema que tiene el Gobierno, este órgano sea presidido por una secretaria de Estado de Inmigración, habiendo dos ministros con competencias", aseveró Pastor, para quien la primera reforma que debe ejecutar el Gobierno es precisamente la modificación de la presidencia de dicho Consejo.
En este contexto culpó al Gobierno de la actual "descoordinación" ante la masiva llegada de inmigrantes y opinó que el "detonante" de lo que está ocurriendo fue la aprobación "unilateral del Reglamento de Extranjería, que generó el efecto llamada".
La secretaria ejecutiva de Política Social criticó asimismo que la firma de convenios para la atención de inmigrantes entre las CCAA y el Gobierno "no alcancen ni las 500 plazas", por lo que le emplazó "a tomarse en serio el problema y hablar con las comunidades autónomas" para abordar la situación "real con toda transparencia".
Reiteró, por último, que la última comparecencia parlamentaria del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la llegada de inmigrantes denotó su "impotencia" y "desbordamiento", y le pidió conocer el contenido del memorándum firmado con Senegal.
Ello significa que hay que dotar de medios humanos y materiales a la administración autonómica y local", añadió Pastor, que aseguró que en estos momentos los recursos existentes están "colapsados".
De acuerdo con las estimaciones de algunas comunidades y teniendo en cuenta que no todas las personas tiene las mismas necesidades, se calcula que la atención a un inmigrante por año gira en torno a "los 10.000 euros", manifestó Pastor.
Además de la aprobación del decreto ley, la dirigente popular consideró prioritario el refuerzo del control de las fronteras; la firma inmediata de convenios de readmisión de nacionales con los países origen de la inmigración ilegal y la puesta en marcha de una política de coordinación con la Unión Europea.
Para afrontar este "gravísimo problema", Pastor defendió también que un sólo ministerio asuma las competencias en materia migratoria y que el Consejo Superior de Políticas de Inmigración (órgano de coordinación) sea presidido por los dos ministros actualmente a cargo de la inmigración (Alfredo Pérez Rubalcaba y Jesús Caldera).
"Parece mentira que, con el problema que tiene el Gobierno, este órgano sea presidido por una secretaria de Estado de Inmigración, habiendo dos ministros con competencias", aseveró Pastor, para quien la primera reforma que debe ejecutar el Gobierno es precisamente la modificación de la presidencia de dicho Consejo.
En este contexto culpó al Gobierno de la actual "descoordinación" ante la masiva llegada de inmigrantes y opinó que el "detonante" de lo que está ocurriendo fue la aprobación "unilateral del Reglamento de Extranjería, que generó el efecto llamada".
La secretaria ejecutiva de Política Social criticó asimismo que la firma de convenios para la atención de inmigrantes entre las CCAA y el Gobierno "no alcancen ni las 500 plazas", por lo que le emplazó "a tomarse en serio el problema y hablar con las comunidades autónomas" para abordar la situación "real con toda transparencia".
Reiteró, por último, que la última comparecencia parlamentaria del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la llegada de inmigrantes denotó su "impotencia" y "desbordamiento", y le pidió conocer el contenido del memorándum firmado con Senegal.
CC: debe ser una prioridad para Zapatero
El presidente de Coalición Canaria y su portavoz en el Congreso, Paulino Rivero, expresó también este sábado su deseo de que por fin a partir de ahora el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y su Gabinete "se crean de verdad que la inmigración es el primer problema del Estado en este momento".
Coalición Canaria viene respaldando la política de Extranjería del PSOE desde que, en 1999, ambas fuerzas políticas aprobaron conjuntamente una Ley de que provocó el primer efecto llamada de la historia del fenómeno de las pateras. En 2005, los nacionalistas canarios respaldaron en el Congreso y el Senado la regularización masiva que todos los observadores, incluida la Comisión Europea, señalan sin dudar como el origen de la avalancha de pateras que ha dejado 20.000 inmigrantes ilegales en el Archipiélago, en lo que va de año.
Este sábado, Paulino Rivero comentó que hasta ahora el Ejecutivo no ha puesto este asunto como primer tema del orden del día y que el propio Zapatero le acusó de crear "alarmismo" el pasado mes de mayo cuando en el Debate sobre el Estado de la Nación denunció que el Atlántico se estaba "convirtiendo en un cementerio".
"Hoy lamentablemente nuestro vaticinio se está cumpliendo y ya hay más de 600 cadáveres recuperados entre las costas de África y Canarias y, según las ONG, puede haber entre 2.000 y 3.000 desaparecidos. Es una catástrofe humanitaria de primer orden", enfatizó.
El Frontex, una "tomadura de pelo"
En opinión de Rivero, para lograr que los países de origen "se impliquen de verdad" hay que impulsar planes de cooperación con los mismos. En este punto, defendió el establecimiento de cupos de inmigrantes con países africanos similares a los que se utilizan con los países de Europa del Este o América Latina.
También demandó el despliegue "de verdad" de una fuerza disuasoria en el Atlántico y volvió a criticar la "tomadura de pelo" que, a su juicio, supone en este momento la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex). "Con esos medios es imposible controlar los centenares de kilómetros de costa que tenemos", se quejó.
Asimismo, mostró su confianza en que en las próximas semanas empiecen las derivaciones a otras Comunidades Autónomas de los menores inmigrantes llegados a Canarias, porque, según relató, "los centros están absolutamente desbordados y el trato que se les puede dar a no es el adecuado".
Por todo ello, reclamó que, a diferencia de lo que, en su opinión, ha ocurrido hasta ahora, este asunto no se plantee como "una muestra de afecto hacia Canarias y un reconocimiento al pueblo canario". "Todo eso está muy bien, pero nuestra preocupación es otra, es el drama de lo que está ocurriendo en el mar", concluyó.