El Parlamento Europeo señala a Huelva como zona contaminada medioambientalmente

La batalla por la salubridad de la ría de Huelva empezó hace casi 10 años entre ecologistas y un PSOE, que, a pesar de haber tenido una consejera de Medio Ambiente y un portavoz parlamentario onubenses, no han resuelto nada. En el PP se baraja la idea de pedir una Comisión de Investigación sobre la gestión socialista del Medio Ambiente en Huelva. Recuérdese que el portavoz parlamentario del PSOE es Mario Jiménez, de Huelva.

La eurodiputada francesa Pascale Gruny (PPE) presentó ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara el informe realizado tras la visita a la provincia de una delegación de eurodiputados en el que se advierte de que, "aunque no estamos en posición de cuantificar con precisión el grado de riesgo, está claro que existe". La misión se desplazó a Huelva en febrero para conocer de primera mano la versión de los ecologistas que denuncian el impacto medioambiental y los riesgos para la salud de los vertidos tóxicos de varias industrias de fertilizantes y los niveles radioactivos en el estuario de Huelva.

El texto debatido en la comisión parlamentaria fue bien acogido por todos los eurodiputados que tomaron la palabra, entre ellos el socialista Luis Yáñez y el representante de Izquierda Unida Willy Meyer. Esta comisión, sin embargo, no se pronunciará definitivamente sobre el informe hasta su próxima reunión, prevista para el 15 de julio.

Greny lamentó especialmente la "falta de transparencia" y "falta de comunicación" entre las autoridades nacionales y regionales con los denunciantes, empresas implicadas y sociedad en general y apeló a la necesidad de que se reúnan con "expertos suficientemente objetivos". "Es urgente entablar un diálogo permanente, restaurar la confianza y tranquilizar al ciudadano", indicó la eurodiputada gala, que reconoció los "esfuerzos" de los últimos años para corregir la situación.

Fertiberia, empresa no transparente

No obstante, recalcó que las autoridades y la industria deben hacer todo lo posible porque "hay zonas que hay que limpiar" y pidió a la principal implicada, la empresa de fertilizantes Fertiberia, "transparencia", al tiempo que subrayó la importancia de aplicar el principio de que "quien contamina, paga".

Representantes de la Plataforma de la Mesa de la Ría, Pedro Jiménez, y de la Asociación Mesa de la Ría, el ex eurodiputado David Hammerstein, tomaron la palabra en la comisión europarlamentaria para insistir en la necesidad de una descontaminación "profunda" que no se quede en una simple "solución paisajística" de la empresa Fertiberia para "tapar" las balsas de fosfoyesos.

También reclamaron el apoyo de los eurodiputados para que los gobiernos nacional, autonómico y local impulsen estudios epidemiológicos que aclaren por qué los índices de enfermedades oncológicas, respiratorias y cardiovasculares superan en hasta "10 ó 15 veces" los registros en otras regiones.

Para Jiménez, es fundamental que las autoridades y la industria "cumplan" las recomendaciones recogidas en el informe del Parlamento Europeo y destacó la necesidad de "financiación de todas las administraciones" para recuperar el entorno y "crear mecanismos para no repetir los errores pasados".

Hammerstein, por su parte, reiteró la importancia de una descontaminación profunda "y no de forma cosmética" para cumplir con las normas comunitarias y animó a la Comisión Europea a continuar el expediente abierto contra España por incumplimientos de la legislación medioambiental de la UE.

Mientras, el eurodiputado socialista Luis Yáñez afirmó que Huelva "va por el buen camino" para revertir la situación de las últimas décadas y destacó que el "problema se está solucionando". También apuntó que en otros seis países de la UE existen empresas fertilizantes como la controlada en Huelva pero "ninguna" ha sido inspeccionada como ésta.

Por su parte, Willy Meyer incidió en que la contaminación de la ría de Huelva es una cuestión que "tanto los peticionarios como la sociedad civil y las propias autoridades españolas quieren resolver" y apeló a una mejor "coordinación" de las distintas administraciones para "determinar" la incidencia de los vertidos tóxicos en la salud de los ciudadanos y la "causalidad" de una alta tasa de enfermos de cáncer.

También destacó que los fosfoyesos "no son subproductos industriales", sino vertidos "tóxicos" que deben ser tratados como residuos de acuerdo a lo que marca la legislación comunitaria.

Y la presidenta de la Diputación, hablando de sostenibilidad

La presidenta de la Diputación de Huelva, la socialista Petronila Guerrero, quiso dejar claro que "las empresas y la administración han asumido y se han comprometido con la cultura de la sostenibilidad" en Huelva y consideró "injusto" que se identifique esta provincia como una región "especialmente contaminada". Destacó el "esfuerzo" que ha permitido que los problemas medioambientales en la zona "se hayan solucionado o estén en vía de solución" y criticó la "alarma social" creada por la "actitud radical" de los denunciantes de este caso.

Guerrero admitió que hay situaciones "mejorables", pero aseguró que se trata de casos "puntuales" a los que "si no se ha dado solución aún, la tenemos prevista" y destacó que se han realizado ya "muchos estudios y análisis" y que Huelva ha demostrado estar "en condiciones de pasar los más rigurosos con éxito".

Los antecedentes

El pasado 18 de marzo, la Comisión Europea (CE) exigió acabar con el vertido de fosfoyesos en la ría de Huelva. Bruselas dio dos meses al gobierno español para que ponga "orden" en la producción y tratamiento de los residuos industriales originados por la empresa Fertiberia, propiedad del grupo Villar Mir, que lleva 40 años, según El País, generando fosfoyesos -una especie de ceniza resultante de mezclar fósforo con ácido sulfúrico para producir abono-. Las autoridades españolas y naturalmente las andaluzas lo han consentido, han preferido considerar los fosfoyesos como un "subproducto" por lo que no se ha aplicado la normativa europea sobre residuos en toda su extensión. Bruselas corregía así al Gobierno español y a la Junta de Andalucía, que presume de ecologismo como es sabido y sufrido, en la consideración de los restos.

El comunicado de la oficina de la CE en Madrid lo dijo con toda claridad: "Se enviará a España un apercibimiento final en relación con una infracción del derecho de la UE en materia de tratamiento y vertido de residuos industriales". Si en este plazo, no se recibe una respuesta satisfactoria, "podrán llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia".

Ya en 2009, hace poco más de un año año, la Comisión Europea (CE) expedientó a España por permitir el depósito de residuos sólidos industriales en las Marismas del río Tinto, en el estuario de Huelva, por parte de Fertiberia, sin las medidas de gestión necesarias para la protección del medio ambiente. "Me preocupan mucho los casos que se dan en España de eliminación de sustancias peligrosas sin planes adecuados para ocuparse de ellos a largo plazo. Exhorto a España a que rectifique sin demora estas irregularidades", dijo el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en un comunicado.

El expediente adoptó la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. Si las autoridades competentes no adoptan medidas correctoras, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). En los últimos 40 años se han depositado en las marismas del río Tinto alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuos de Fertiberia, una fábrica de fertilizantes situada en esa zona, según los datos de Bruselas.

En virtud de la normativa comunitaria, los estados miembros están obligados a expedir permisos para prevenir y controlar la contaminación desde vertederos. La Comisión planteó el caso por primera vez a las autoridades españolas en mayo de 2008, tras haber expirado el plazo para conceder esos permisos --30 de octubre de 2007-- sin que España lo hubiera hecho.

Las autoridades españolas afirmaron que el fosfoyeso es un subproducto industrial, y no un residuo. En consecuencia, los permisos que al final se concedieron permitían a la fábrica de fertilizantes seguir depositando el fosfoyeso en vertederos próximos a zonas pobladas sin cumplir las condiciones impuestas por la legislación comunitaria aplicable.

La Comisión consideró que dado que la fábrica se deshace de esa sustancia, tenía que considerarse residuo, y debía disponerse de un permiso para garantizar que se gestiona correctamente de acuerdo con la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, razón por la cual, la Comisión enviaba a España la carta de emplazamiento.

Las balsas de fosfoyesos, contó  El País, se encuentran en una extensión de 1.200 hectáreas, situada a unos 500 metros de las viviendas, en plena ciudad de Huelva. Allí se almacenan 120 millones de toneladas de este residuo considerado "tóxico y contaminante" por las asociaciones ecologistas. "La naturaleza no es un basurero", señala el comisario de Medio Ambiente en la CE, Janez Potocnik, en la nota. Greenpeace y WWF denunciaron la situación ante la Comisión Europea en mayo de 2008.