El anteproyecto de la Ley Audiovisual incluye la TDT de pago y un CAC estatal

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado que se trata de una medida que reúne una hasta ahora "normativa dispersa" a las puertas de un apagón analógico y la entrada en la era digital.

"Respeta además los derechos de los ciudadanos y el interés general", ha indicado De la Vega, quien ha recordado que la aprobación de la medida supone el cumplimiento de una promesa electoral. Ahora el anteproyecto se enviará a los órganos preceptivos para que emitan su informe, antes de ser remitido a las Cortes Generales para su debate y aprobación.

En ella se hace una revisión de las normas que deben regular la publicidad en televisión, se fijan determinadas obligaciones a los servicios de comunicación audiovisual relativos a protección de los menores y de la industria audiovisual europea y se garantiza el derecho a la información frente a situaciones de contratos de exclusividad.

Asimismo, en el anteproyecto se establece el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual y, especialmente, de aquellos sometidos a la necesidad de licencia o concesión y autorización administrativa previa. Se regula así el régimen de concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias.

"El texto aborda también los aspectos destinados a garantizar el pluralismo y el respeto a los principios y normas de la competencia en el mercado audiovisual con el objetivo de evitar posiciones de dominio", según la referencia del Consejo de Ministros.

El anteproyecto regula también las fórmulas de Televisión Digital Terrestre de pago o de acceso condicional. La ley también apuesta por el apoyo e implantación de las nuevas tecnologías y nuevas posibilidades audiovisuales. Así, la norma que hoy ha sido presentada en su fase de anteproyecto apuesta por la Alta Definición, la interactividad y la televisión en movilidad.

Igualmente, se refuerzan los derechos de las personas con discapacidad, mediante obligaciones que permitan que la accesibilidad sea una realidad, y se replantea el sistema de ayudas a la producción de cine español y europeo.

Se aumenta la lista de los que a partir de la aprobación de la Ley deberán contribuir con el 5 por 100 de sus ingresos a este objetivo, pero, a la vez, se amplia a series para televisión, documentales y animación la posibilidad de destinar las cuantías obligatorias.

La Ley también albergará la creación y regulación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como autoridad independiente con capacidad sancionadora encargada del control y seguimiento del cumplimiento de esta ley y, en general, de la normativa audiovisual de ámbito estatal.

Los miembros de este Consejo tendrán un origen parlamentario sustentado en una mayoría cualificada de dos tercios del Congreso de los Diputados.

El anteproyecto, por otro lado, suprime trabas, burocracia y límites a la industria en un contexto de mayor libertad para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

La Ley, recuerda el Gobierno, sirve como instrumento de transposición de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2007, que los países miembros de la Unión Europea tienen obligación de llevar a sus legislaciones internas antes del 19 de diciembre de este año.