LD (Pedro de Tena) Según el criterio del fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángel Núñez, (ascendido recientemente a Fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo) en el ámbito urbanístico, la prevaricación no se deriva solamente de la concesión de licencias ilegales o la emisión de informes conscientemente contrarios a las normas urbanísticas, sino que es consecuencia de la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística.
En este sentido, los alcaldes socialistas que han gobernado Chiclana desde 1983 podrían ser acusados de dicho delito habida cuenta que en sus mandatos las viviendas ilegales han llegado ser 40.000. Muy especialmente podría serlo el último de ellos, José María Román, porque bajo su etapa de gobierno se han visto "olvidados" nada menos que 1.707 expedientes de irregularidades urbanísticas. Sin embargo, la fiscalía de Cádiz no ha abierto en todo ese período una investigación especial sobre el caso Chiclana a pesar de las similitudes con el caso Astapa, de Estepona.
Las afirmaciones de Ángel Núñez sobre la prevaricación por omisión están recogidas en una conferencia que está publicada íntegramente en la página web La Laja. En dicho texto puede leerse lo siguiente; "Otro problema importantísimo, tampoco imputable a los Tribunales de Justicia, se plantea en el ámbito de la prevaricación. Porque la verdadera problemática de la prevaricación en el ámbito urbanístico, quitando los casos de Marbella y algún otro, no es la que se deriva de la concesión de licencias ilegales o la emisión de informes conscientemente contrarios a las normas urbanísticas, sino la que es consecuencia de la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística."
De ser así, ¿no cabe considerar que haber dejado prescribir 1717 expedientes urbanísticos y haber dañado en más de 100 millones de euros a las arcas municipales de Chiclana es una omisión flagrante de las facultades de disciplina urbanística y, consecuentemente, un probable delito de prevaricación?
Según el texto de la denuncia, que obra en poder de Libertad Digital, siete concejales del equipo de gobierno de coalición que gobierna Chiclana desde 2007, han denunciado estos hechos de los que hacen responsables concretos a los Alcaldes-Presidentes del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en la época en que ocurren los hechos, fueron DON MANUEL JIMENEZ BARRIOS y DON JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO, pertenecientes al PSOE Igualmente se señala acusatoriamente a los Concejales-Delegados de Urbanismo y vicepresidentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo, fueron DON JUAN JESÚS JIMÉNEZ MARTÍN y DON JOAQUÍN MURIANO AYÁN, asimismo pertenecientes al PSOE Finalmente, se acusa a los Concejales-Delegados de Economía y Hacienda, DON JOAQUÍN MURIANO AYÁN Y DOÑA MANUELA DE JESÚS MORENO GÓMEZ, también pertenecientes al PSOE.
Los 1717 expedientes fueron incoados entre 2003 y 2006 según el desglose anual siguiente:
2003 399
2004 428
2005 435
2006 455
Del total de expedientes sancionadores incoados, únicamente fueron comunicadas al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Chiclana, un total de quince sanciones, correspondiendo una al año 2005, y catorce sanciones al año 2.006. En los años 2.003 y 2.004, con 110, no se envió al cobro ninguna sanción en materia urbanística.
De las quince sanciones urbanísticas puestas al cobro, tan solo fueron cobradas diez de ellas, todas correspondientes al año 2006, y fueron datadas dos de las sanciones urbanísticas impuestas. Se recuerda en la denuncia de los concejales del PP que fue precisamente un hecho similar el que determinó la Operación Astapa en Estepona. También allí, bajo el mandado del socialista Antonio Barrientos, tuvo presuntamente lugar "el archivo masivo de por infracciones urbanísticas, incluso en menor número que los datos que se aportan de Chiclana de la Frontera.
José María Román Guerrero, alcalde socialista de Chiclana, se negó a facilitar en cinco ocasiones la información de los expedientes archivados al PP. Por ello, la concejala popular María Teresa Ruiz Sillero interpuso el 27 de febrero de 2007 un recurso especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona por la negativa del alcalde a suministrar dicha información.
Finalmente, la información se obtuvo mediante sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Cádiz, de fecha 17 de diciembre de 2.007, recaída en el Procedimiento Especial de Derechos Fundamentales 4/07, por la que se condenó al Ayuntamiento de Chiclana a entregar la información solicitada en relación con procedimientos sancionadores y sanciones urbanísticas a la concejala doña M8 Teresa Ruiz. - Sillero Bernal.
No se solicitaron datos sobre los expediente sancionadores incoados en el periodo corporativo anterior, 1999-2002, aunque podrían obtenerse datos semejantes, habida cuenta que se estima entre 15.000 y 30.000 las viviendas ilegales existentes en el término municipal de Chiclana.
Por aquella información obtenida por sentencia judicial, se supo que la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana de la Fra., abrió 1.717 expedientes por infracciones urbanísticas en cuatro años, (2.003 a 2.006) y se procedió al archivo masivo de 1.702 expedientes sancionadores en materia urbanística.
Y sigue el texto de la denuncia: "Al no concluirse los trámites de los expedientes sancionadores en materia urbanística, y quedar aquellos sin resolver, devenían muertas las ilegalidades urbanísticas contenidas en los mismos, sin que se actuara por parte de los poderes públicos, ni por la propia Administración Local, ni por instancias superiores con competencia en la materia, La sensación de impunidad, y el efecto llamada que esta "NO actuación" de la Administración ha provocado en nuestra localidad es clara: 30.000 viviendas ilegales según datos referidos en prensa por Ángel Núñez, Fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo.
Ello ha lastrado de forma irreparable el desarrollo urbanístico de la ciudad y ha provocado un profundo problema social al haberse impuesto "de facto" una situación de impunidad respecto de las infracciones urbanísticas que han disparado dichas ilegalidades por todo el término municipal. Con lo que se podría haber incurrido en su caso, en la comisión de delitos medioambientales". Como ya hemos dicho, según el mencionado fiscal, puede colegirse asimismo un delito de prevaricación por omisión.
Como consecuencia de esta negligencia y de la dejadez de funciones de los concejales y alcaldes del PSOE, el PP ha estimado en 100 millones de euros el perjuicio ocasionado a Chiclana por los gerifaltes socialistas. 10 millones en calidad de las sanciones no recaudadas y el resto en calidad de impuesto municipal de construcciones y obras así como la recaudación de las licencias municipales de obras y de primera ocupación.
El PP solicitó de la Fiscalía la incoación de diligencias de investigación para el esclarecimiento e los hechos advirtiendo de su posibilidad de interponer una querella incluso ante el Tribunal de Cuentas, contra las personas y por los hechos constitutivos de delito que resultaran de tal investigación.