Los responsables de realizar el informe, la auditora Deloitte, presentaron este miércoles estos datos a los responsables de la Fundación, la Consejería de Cultura y a la comisión económica de la fundación, y en los próximos días se informará al resto de instituciones.
El Palau prevé enviar la semana próxima al juez Juli Solaz, responsable de investigar el caso, la auditoría y un informe pericial que recogerá las presuntas irregularidades, aunque faltará el análisis de algunos documentos confiscados, todavía guardados en cajas, y el contenido de diversos ordenadores.
El informe recoge desviaciones de 2,7 millones de euros desde el Consorcio del Palau, órgano integrado por las administraciones públicas, según La Vanguardia .