Antonio Canedo, senador socialista de León y alcalde de Camponaraya que ya fue noticia hace una semana por sus manejos para arruinar a su rival en la política municipal, vuelve a serlo este lunes por su llamativa implicación en una promoción inmobiliaria de vivienda en suelo público destinada a personas que no fuesen propietarias de una casa y jóvenes menores de 35 años.
Los hechos han sido denunciados por Javier Folgueral, el portavoz del PP en la localidad leonesa, que atribuye a su investigación de estos hechos las intrigas del alcalde para perjudicarle. Además, en toda la operación estaría implicado también José Luis Ulibarri, el polémico constructor que ha sido uno de los imputados en la trama Gürtel.
La historia arranca en 1997, cuando el Ayuntamiento de Camponaraya y la pedanía de este municipio firmaron un convenio con el que se cedían unos terrenos a una empresa, Europrin para que ésta gestionase la construcción de viviendas a bajo precio para los vecinos del pueblo.
El convenio era muy claro respecto del precio y las características que debían tener las viviendas, así como a la forma en que debían ser ofertadas. En cuanto a lo primero se establecía que debía tratarse de viviendas de dos y tres dormitorios que se tenían que vender por 39.000 y 40.267 euros, respectivamente; mientras que las condiciones de comercialización eran que las casas debían proporcionarse a vecinos de Camponaraya o hijos de vecinos que no tuviesen vivienda en propiedad y menores de 35 años residentes en el municipio o la comarca.
Sólo si no había más solicitantes que cumpliesen estos requisitos se podría ofrecer las viviendas a otros compradores, con la salvedad de que en cualquier caso, y como forma de prevenir la entrada de especuladores, los pisos se entregarían con una carga en sus escrituras a favor de la pedanía de forma que, si se vendían antes de cinco años, el vendedor tendría que pagar 6.000 euros a la pedanía.
Primeros cambios: irrumpe el constructor Ulibarri
Los primeros cambios en el proyecto se dan en 1998 con la irrupción del conocido constructor y propietario de medios de comunicación, José Luis Ulibarri, que ha sido uno de los imputados dentro de la trama Gürtel.
Ulibarri se hace con los derechos de la promoción a través de su empresa Peñalba Servicios Inmobiliarios, S.A., de la que él mismo posee el 45% de las acciones mientras que su esposa e hijos se reparten el 55% restante. Según la información que aporta Javier Folgueral esta compañía pagó más de medio millón de euros por los derechos, una cantidad que podía parecer desproporcionada dada las características de la promoción y los precios tasados de las viviendas.
Sin embargo, muy pronto se vio que rentabilizar esos centenares de miles de euros no iba ser tan complicado: a la configuración básica de la vivienda que especificaba el convenio por el que se facilitaba el suelo se añadieron, en lo que es un primer incumplimiento de las condiciones pactadas, un trastero y una plaza de garaje que los futuros propietarios debían pagar a parte. Con ellos el precio de cada piso subía casi 7.000 euros, por lo que al tratarse de 297 casas esto suponía unos ingresos extra de más de 2.000.000 millones de euros.
Además, en otro incumplimiento claro del convenio original, en las escrituras de la viviendas desaparecía la carga de 6.000 euros a favor de la pedanía, por lo que el paso a los especuladores quedaba expedito. Además, según algunos expertos legales esta desaparición de una cláusula tan clara podría ser un delito de falsedad en documento público o, mejor dicho, un delito por cada una de las viviendas, es decir, 297.
El alcalde obtiene beneficios millonarios
Otras condiciones del convenio no tampoco se cumplieron y, en este caso el beneficiario fue el alcalde y senador socialista Antonio Canedo: que pese a no ser ni mucho menos menor de 35 años y a tener casa en la misma localidad de Camponaraya compró uno de los pisos y lo escrituró a su nombre, tal y como demuestra la documentación en poder de Libertad Digital.
Además, menos de tres años después de haberlo adquirido el 31 de mayo de 2001, lo vendió a principios del 2004. Según estos documentos la nueva hipoteca del piso, firmada el 19 de enero de 2004, asciende a la cantidad de más de 75.000 euros, es decir, casi el doble del precio previsto en el convenio inicial y 21.000 euros más de lo pagado por Canedo, lo que hace pensar que el político socialista habría obtenido unos sustanciosos beneficios con esta extraña operación.