(Libertad Digital) La operación Góndola, al igual que la operación Faycan (en la que fueron detenidos el alcalde y todos los concejales del PP de Telde), han sido organizadas por la Brigada de Información de la Policía Nacional en Las Palmas, bajo la dirección de María Concepción Vega Camaño.
Ascendida a comisario (el máximo rango policial) el 20 de diciembre de 2005, Vega Camaño ingresó en la Policía en 1982, año de la llegada del PSOE al Gobierno. Estuvo adscrita a la seguridad de Felipe González en La Moncloa. Está significada por su lealtad al PSOE y su identificación con el SUP (Sindicato Unificado de Policía), cuyo portavoz, Maximiliano Correal, ha amenazado recientemente al periodista Luis del Pino con encerrarlo en “una habitación donde no exista el Estado de Derecho”.
María Concepción Vega fue destinada a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Canarias en 2005, tras el regreso del PSOE al Gobierno.
El alcalde de Mogán, en libertad sin medidas cautelares y con cargos por supuestos delitos urbanísticos, había solicitado al juez de instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), que dirige las diligencias previas del caso, la orden judicial de su detención, el pasado 23 de enero.
Este lunes, el juez ha dictado una Providencia reconociendo que no hubo tal orden. “No cabe la entrega de resolución judicial de detención de las personas (...) al no haberse dictado la misma, los cuales (sic) fueron puestos a disposición de este Juzgado después de su detención policial”, señala el juez José Alexis Reyes en su escrito.
El alcalde Francisco González ha denunciado este martes, en una conferencia de prensa, lo que define como una “operación policial montada con el único propósito de ir a por el PP”.
La Ley limita con claridad los supuestos en los que la Policía de un Estado de Derecho puede efectuar detenciones sin una orden judicial. En general, son casos en los que se trata de impedir la comisión de un delito con riesgo flagrante para la vida, la seguridad o los bienes de las personas.
A juicio del alcalde de Mogán, no hay ninguna razón legal que justificara su detención policial sin una orden judicial previa. Las detenciones, ha señalado, “se tenían que producir en enero. No se podían retrasar más porque se acercaban las elecciones.
Fuentes del PP de Canarias consultadas por LIBERTAD DIGITAL han mostrado su preocupación al “comprobar que en España se están repitiendo prácticas propias de un Estado policial, con la única finalidad de eliminar a un adversario democrático del partido del Gobierno. Da pavor pensar que la detención ilegal de dos afiliados del PP tras una manifestación de las víctimas del terrorismo en Madrid no ha sido un hecho aislado”, dijo este miércoles a LD un alto dirigente del partido en las Islas.
Adán Martín también quiere que se investigue la operación policial
La Presidencia del Gobierno autónomo también ha sido muy crítica con la operación policial que ha llevado a las detenciones del caso Góndola. El presidente, Adán Martín, ha sido envuelto a partir de escuchas telefónicas practicadas por la Brigada de Información de la Policía Nacional.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desechado, sin embargo, investigar al presidente.
Este martes se ha hecho público que el Gobierno regional estudia acudir a los tribunales contra la orden de pinchar los teléfonos de Adán Martín, de su jefe de Gabinete y de su consejero de Medio Ambiente.