La polémica EpC “made in Spain” ha traspasado las fronteras en plena presidencia española de la UE y ha puesto de manifiesto la oposición social a este conjunto de materias adoctrinadoras. Así ha quedado en entredicho con la presentación de una demanda contra España presentada por un grupo de padres objetores a EpC.
La demanda ha sido interpuesta por 300 españoles y está dirigida contra el Estado español. Profesionales por la Ética considera que la clave de la denuncia está en la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
De este modo, explican que “la demanda incluye 105 casos, con nombres y apellidos, de menores que están siendo acosados por objetar a alguna de las asignaturas de EpC”. Además, subrayan que “en estos procedimientos se están vulnerando el derecho a la vida privada, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y el prinicipio de no discriminación contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
Sin embargo, este procedimiento en Estrasburgo es independiente de los cientos que hay abiertos en España. “Se ha acudido directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de manera excepcional debido a la especial vulnerabilidad de los menores. Lo primero que hemos solicitado, con carácter de urgencia, es que el Tribunal dicte medidas cautelares que eximan a los alumnos objetores de la asistencia a clase. Tal como nos han indicado, esperamos que en los próximos días el Tribunal comunique estas medidas”, sentencian los objetores demandantes.