(Libertad Digital) De ese modo, el comunicado de la organización señala que, sin que pueda atribuírsele de manera directa una reducción sustancial del número de víctimas (ya que, por un lado, se ha continuado la tendencia de años anteriores y, por otro, se ha modificado, sin explicarlo, el criterio de contabilización de víctimas), sí puede afirmarse que las consecuencias de su aplicación han sido generar desigualdad e indefensión, cuando no miedo entre los conductores.
Con todo, lo más oscuro, por menos explicado y por sus terribles consecuencias, es el cambio de criterio en contabilización de las víctimas. Se empezó modificando para que los fallecidos 24 horas después del accidente no figurasen. Además, las víctimas producidas en accidentes en núcleos urbanos quedaban fuera de las estadísticas oficiales. Así, de entrada, se logró una sustancial reducción que, por supuesto, se achacó al carné por puntos y demás medidas de naturaleza coercitiva puestas en marcha por el Gobierno con la complaciente aquiescencia de los grupos de la oposición.
En estos dos años no se ha conocido ninguna iniciativa para corregir los puntos negros donde centenares de personas se dejan la vida todos los meses; pero sí se han visto iniciativas legislativas para convertir a los conductores en criminales. No se ha mejorado la formación de los conductores ni se ha introducido en los planes escolares una asignatura de educación vial; pero se ha sembrado de radares nuestras carreteras.
Desigualdad ante la ley
La primera consecuencia de la chapucera manera en que se ha implantado el sistema de carné por puntos es que la ley no es igual para todos (lo que constituye una evidente violación de un derecho fundamental), es, simplemente, cuestión de suerte. Porque dependiendo del lugar, población, o ciudad donde se produzca la infracción, ésta acarreará o no pérdida de puntos, gracias a la descoordinación entre administraciones locales y Administración General del Estado. Esto se debe a que centenares de poblaciones españoles aún no se han adherido al sistema de retirada de puntos.
Por otra parte, el colapso de la justicia beneficia a la DGT y los Ayuntamientos, porque así se obstaculiza enormemente el derecho a la defensa de los administrados. Tras dos años (un plazo excesivamente dilatado que convierte al sistema judicial en una maquinaria incapaz de hacer justicia), los jueces empiezan a ordenar que se devuelvan los puntos indebidamente retraídos. Sólo los conductores que han acudido a un proceso judicial, y han denunciado a la administración ante los jueces, pueden recuperar los puntos que se le han restado como consecuencia de sanciones declaradas nulas por los Tribunales de Justicia.
Mercado negro
Los puntos han creado un lucrativo mercado negro. Según Dvuelta, la venta de puntos existe, y ni la ley de tráfico ni el código penal prevén consecuencias de ninguna clase para este tipo de prácticas fraudulentas. Se habla de vacío legal y de “tomar medidas”, pero, al día de hoy, es perfectamente posible vender y comprar puntos sin estar fuera de la ley.