L D (Agencias) Se trata del ex concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) y actual portavoz municipal del Partido Estepona (PES), Jose Ignacio Crespo, y del ingeniero de Obras Públicas Javier Wittmeur, que al parecer ocupa responsabilidades en el área de Urbanismo del Ayuntamiento.
La juez Isabel Conejo imputa a Crespo los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, mientras que a Wittmeur, que iba en las últimas elecciones locales en la lista del Partido Estepona, se le acusa de falsedad en documento, fraude y malversación.
Con estas personas ya se ha tomado declaración a quince de los 26 detenidos y se espera que hoy también lo hagan otras seis personas, mientras que el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), y los cuatro restantes testificarán mañana, tras haber prorrogado la juez sus órdenes de detención.
Barrientos permanece "bastante afectado" en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga, han informado a Efe fuentes próximas al político.
De los quince detenidos que ya han comparecido, dos deberán ir a la cárcel y los otros trece han quedado en libertad provisional, aunque diez de ellos deberán abonar aún fianzas de 30.000 a 500.000 euros según los casos en plazos de tres días a contar desde el auto.
En Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado hoy que todas las responsabilidades que se puedan derivar de la investigación policial "se van a depurar", y ha recalcado que en el PSOE no cabe "ningún comportamiento irregular".
Mientras tanto el equipo de gobierno de Estepona ha pedido cautela a la espera de la investigación en curso, que afecta a parte del ejecutivo, y ha garantizado la estabilidad del consistorio.
En una conferencia de prensa conjunta de concejales de los cuatro partidos que conforman el gobierno (PSOE, PA, IU y "Estepona 2007"), han asegurado que lucharán por mantener el funcionamiento del Ayuntamiento como hasta ahora, después de que hayan sido detenidos el alcalde y cuatro ediles del PSOE.
Tras lo sucedido estos días, la Plataforma Vecinal de Estepona prevé convocar una manifestación para mediados de julio en protesta por la presunta trama de corrupción en el consistorio.
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha denunciado que existe "responsabilidad política" por parte de la Junta, que tiene competencias sobre "control e inspección" urbanística, mientras que el coordinador regional de IU, Diego Valderas, ha exigido la "dimisión inmediata" de los concejales implicados y la creación de una comisión de investigación en el Consistorio.
En la operación "Astapa", que continúa abierta, se investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio y entre las imputaciones de los detenidos figuran delitos como los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales, fraude o malversación.
La juez Isabel Conejo imputa a Crespo los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, mientras que a Wittmeur, que iba en las últimas elecciones locales en la lista del Partido Estepona, se le acusa de falsedad en documento, fraude y malversación.
Con estas personas ya se ha tomado declaración a quince de los 26 detenidos y se espera que hoy también lo hagan otras seis personas, mientras que el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), y los cuatro restantes testificarán mañana, tras haber prorrogado la juez sus órdenes de detención.
Barrientos permanece "bastante afectado" en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga, han informado a Efe fuentes próximas al político.
De los quince detenidos que ya han comparecido, dos deberán ir a la cárcel y los otros trece han quedado en libertad provisional, aunque diez de ellos deberán abonar aún fianzas de 30.000 a 500.000 euros según los casos en plazos de tres días a contar desde el auto.
En Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado hoy que todas las responsabilidades que se puedan derivar de la investigación policial "se van a depurar", y ha recalcado que en el PSOE no cabe "ningún comportamiento irregular".
Mientras tanto el equipo de gobierno de Estepona ha pedido cautela a la espera de la investigación en curso, que afecta a parte del ejecutivo, y ha garantizado la estabilidad del consistorio.
En una conferencia de prensa conjunta de concejales de los cuatro partidos que conforman el gobierno (PSOE, PA, IU y "Estepona 2007"), han asegurado que lucharán por mantener el funcionamiento del Ayuntamiento como hasta ahora, después de que hayan sido detenidos el alcalde y cuatro ediles del PSOE.
Tras lo sucedido estos días, la Plataforma Vecinal de Estepona prevé convocar una manifestación para mediados de julio en protesta por la presunta trama de corrupción en el consistorio.
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha denunciado que existe "responsabilidad política" por parte de la Junta, que tiene competencias sobre "control e inspección" urbanística, mientras que el coordinador regional de IU, Diego Valderas, ha exigido la "dimisión inmediata" de los concejales implicados y la creación de una comisión de investigación en el Consistorio.
En la operación "Astapa", que continúa abierta, se investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio y entre las imputaciones de los detenidos figuran delitos como los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales, fraude o malversación.