Caamaño se ha expresado así ante los periodistas antes de inaugurar en Valencia las jornadas "Justicia y servicio público", en referencia a las palabras de la presidenta del PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, quien, acompañada esta mañana por el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que el de la elección de apellidos es "un debate innecesario".
En este sentido, el ministro ha respondido que la nueva regulación prevista en el proyecto de la ley de Registro Civil, que permitirá a los padres decidir el orden de los apellidos de sus hijos, pretende "hacer realidad lo que dispone el artículo 14 de la Constitución, la plena igualdad entre hombres y mujeres".
Caamaño ha explicado que los progenitores podrán elegir el orden de mutuo acuerdo "y sólo si hubiese algún tipo de conflicto", la ley establece un sistema neutral, el del orden alfabético "que no afecta al principio de igualdad".
A este sistema, ha aseverado, se recurrirá "en poquísimos casos", y el hecho de que los padres no se pongan de acuerdo será "una excepción a la regla" para la que hay que establecer "algún criterio". "Cuando esto ocurra", ha continuado el ministro, "no se puede establecer la preferencia del apellido del hombre, ya que iríamos en contra del artículo 14" de la Carta Magna.
Por ello, los padres que no lleguen a un acuerdo "sabrán con seguridad jurídica lo que hay" y conocerán "las consecuencias", que consisten en que el apellido de sus hijos se ordenará por orden alfabético.
Preguntado sobre la posibilidad de que los padres, al desconocer el nuevo reglamento, escojan por inercia el apellido del padre, Caamaño ha afirmado que "la mejor forma de combatir la inercia y las herencias culturales es que los ciudadanos conozcan perfectamente cuáles son sus derechos".
Por eso, ha continuado, esta ley "establece una nueva posibilidad de pactar libremente, sin problemas discriminatorios ni cargas conceptuales previas, el orden de los apellidos", porque "eso es lo importante, la libertad y la igualdad", ha apostillado.
El proyecto de ley del Registro Civil deberá ser aprobado por el Congreso de los Diputados y después tendrá un plazo de dos años para entrar en vigor debido, según el ministro, "al cambio tecnológico que supone", ya que se transforma "absolutamente" el Registro Civil.
Con esta regulación se pasará de un Registro Civil físico, con una serie de libros en papel para cada persona, a una nueva forma de registro en la que tras el nacimiento se le adjudica a cada ciudadano un código personal con su propia página digital en la que constarán todos los datos civiles de su vida.