(Libertad Digital) En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Teresa Fernández de la Vega fue preguntada sobre el proyecto de ley que borra al castellano de las escuelas y sobre la posibilidad de que el Ejecutivo actúe.
En su respuesta, la vicepresidenta comenzó diciendo que la norma está "en fase de tramitación" y el Gobierno, "como siempre hace", "estudiará la ley catalana como hace con todas las normas autonómicas". "En el caso de que algún precepto no se adecuara al marco normativo, lo veremos, veremos qué hay que hacer y hasta dónde hay que abordarlo", se limitó a decir.
Según De la Vega, "hay que ser prudente y respetuoso" y no juzgar la norma sabiendo que " la enseñanza del castellano está y estará garantizada, como ha estado siempre ". En su opinión, ejemplo de ello es que el aprendizaje del castellano es "muy similar en todas las autonomías".Después, se le preguntó por el Estatuto catalán, que sigue atascado en el Constitucional mientras continúa aplicándose en Cataluña. En su opinión, ese hecho "no tiene nada que ver con el debate que se está desarrollando allí" sobre la educación. En cuanto a la opinión del Gobierno sobre el texto, recurrido, reiteró que el Ejecutivo "cree que es constitucional".
La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha pedido la "dimisión" del Tribunal Constitucional, al atribuir a este órgano, en última instancia, la responsabilidad por la aprobación ayer en el Parlamento catalán de una nueva ley educativa que según ella "blinda la exclusión del castellano" en la enseñanza en Cataluña.
A través de un comunicado, Díez asegura que la Comisión de Educación del Parlamento catalán ha podido sacar adelante esta norma gracias a lo que describe como "incompetencia" del Constitucional, al que reprocha que practique una "política seguidista" del Gobierno. "Esta política es la que ha permitido que en el Parlamento catalán se haya producido ayer un golpe antidemocrático", ha añadido.
La dirigente de UPyD entiende que es un "escándalo" que el Tribunal Constitucional lleve tres años sin pronunciarse sobre la adecuación del Estatut a la Carta Magna, un hecho que en su opinión aprovecha el Ejecutivo catalán y los nacionalistas "para radicalizar su política educativa a través de la política de hechos consumados".
El PP, por su parte, no cierra la puerta a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la futura Ley de Educación de Cataluña por entender que discrimina al castellano en favor del catalán, informa EFE. En rueda de prensa, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confiado en que finalmente se modifique la ley y ha añadido que "ojalá" el recurso no tenga que "hacerse".
La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado en este sentido que su grupo se plantea "seriamente" solicitar la opinión del Consejo Consultivo, algo que ya daban por supuesto los grupos que apoyan al Gobierno catalán.
Asimismo, Sáenz de Santamaría ha destacado que su partido tratará de "encauzar" la ley al marco constitucional y ha subrayado las contradicciones de los socialistas en materia de política lingüística en el País Vasco y en Cataluña. La dirigente del PP ha argumentado que el PSOE tiene una "doble personalidad" en estas comunidades, porque en el País Vasco ha firmado un compromiso en favor del "bilingüismo integrador" y en Cataluña impulsa esta ley, que no es congruente con la libertad lingüística que se aprecia en la calle.
Por ello, ha pedido a este partido que no lleve la imposición lingüística "ni a las aulas ni a las empresas" y ha conminado a Montilla, en lugar de "meterse en todos los charcos", a resolver otros problemas y a velar por la calidad de la educación. "Yo le pido al PSOE que se lo piense bien y lea lo que firma (...) Ese recurso, si llegara a hacerse, se hará en defensa de los derechos de la gente", ha apuntado Sáenz de Santamaría.