El TSJA decide así estimar la demanda presentada por el militar contra la resolución dictada por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Carlos Villar Turrau, en septiembre del año pasado, que a su vez respaldaba la emitida en marzo por el jefe del Mando de Personal local rechazando la concesión al soldado del compromiso de larga duración hasta los 45 años de edad justificándola como el resultado de una sanción por ausentarse varias veces de Ceuta a Marruecos "sin autorización", lo que habría motivado la pérdida de "toda su confianza" de sus jefes directos.
"La sanción impuesta con posterioridad, considera la Justicia, y la pérdida sobrevenida de confianza, base de las resoluciones, en realidad constituyen una mera pantalla dirigida a ocultar las verdaderas razones de la declaración de no idoneidad, que se encierran en los informes reservados a los que de continuo se hace referencia, pero de los que no hay constancia en el expediente, pretendiendo con ello hacer poco menos que imposible el control judicial sobre la decisión discrecional tomada", reza uno de los autos a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press.
Las resoluciones militares son "arbitrarias"
Para los jueces, las resoluciones del Ejército son, a la luz del historial castrense del soldado que han podido examinar, "puramente voluntaristas y, como tales, arbitrarias", a pesar de que no dudan de que la posibilidad de renovar o no a un soldado "se contempla legalmente como facultad discrecional" y no aprecia "ni mala fe ni temeridad" en la actuaciones de Defensa. Ello no es óbice, sin embargo, según estima la Sala, para que las resoluciones militares se sometan al artículo 103 de la Constitución, que establece que "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa [...] con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho".
Las Fuerzas Armadas justificaron su rechazo a la permanencia en sus filas del cabo en cuestión por haber sido sancionado con 30 días de arresto por "la ausencia injustificada del destino por un plazo inferior a 24 horas", lo que habría conllevado "la pérdida de confianza del mando en él" por la "importancia" de su infracción.
"Para llegar a la decisión --señala el TSJA-- es evidente que se tiene que respetar un margen de apreciación no susceptible de control judicial". Sin embargo, la Sala entiende que el Ejército se saltó ese margen al ser favorables al denunciante todos los informes evacuados en su expediente. "En absoluto dicha razón explicitada ha sido la que conllevó la declaración de idoneidad", señala el TSJA.
Escasa renovación de soldados musulmanes
A pesar de ello, el cabo siguió en las Fuerzas Armadas. En 2006 se le vuelve a calificar favorablemente y se destaca "su competencia y conocimiento de los puestos tácticos". Recibe una nota global de 7,8, pero tres días después la Oficial Instructora rechaza su solicitud "al haber tenido conocimiento de informes reservados que aconsejan la no ampliación" de su contrato. Hasta esa fecha no se había documentado informe ni sanción en su contra alguna, pero el 10 de noviembre de 2006 aparece una resolución de expediente disciplinario contra el soldado por desplazarse a Marruecos sin autorización. En diciembre de 2006 su jefe directo, aludiendo a informes del CNI sobre sus actividades, asegura haber perdido toda su confianza en el cabo.
Más de una decena de soldados de confesión musulmana no fueron renovados durante el primer semestre del año pasado, después de que el juez Garzón detuviese a varios ceutíes por su presenta vinculación con el integrismo islámico en la denominada "Operación Duna". Varios de ellos pusieron sus casos alegando indefensión en manos de la Justicia, que hasta la fecha sólo ha estimado completamente sus demandas en este caso.