El titular del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid, Ricardo Rodríguez Fernández, ha condenado a Daniel Anido y Rodolfo Irago por un delito de revelación de secretos a un año y nueve meses de prisión, a inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas y a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena.
La SER publicó en Internet en junio de 2003 una lista de presuntas afiliaciones irregulares al PP de Madrid. Según el comunicado de la SER, la sentencia argumenta que "la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social -televisión radio o prensa escrita-, pero debe matizarse, que Internet, no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal". El juez considera que el hecho de que todo el mundo tenga acceso a Internet excluye a la red de la categoría de medio de comunicación.
El juez impone también una multa a los dos directivos de la cadena -100 euros diarios durante seis meses-, así como el pago de una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los denunciantes. Según la SER, el juez considera probada la solvencia económica de los condenados en que los dos periodistas comparecieron en la vista oral "con un letrado de confianza, de libre designación" y que, aunque se desconoce la retribución por sus cargos, "sin duda será verdaderamente importante".
La información difundida por la Cadena SER recogía las denuncias en los comités internos del PP de la ex presidenta del PP de Villaviciosa de Odón (Madrid) y sus advertencias en varias cartas al entonces secretario general del PP regional, Ricardo Romero de Tejada, de la existencia de 78 afiliaciones presuntamente irregulares, relacionadas con dos constructores madrileños. La SER dio la noticia de las presuntas irregularidades por radio y en su página web la acompañó de las cartas de Pilar Martínez y de la lista con los nombres de los 78 afiliados.
En el propio comunicado de prensa, un portavoz de la SER anuncia recurso contra la sentencia y asegura que "causa cuando menos perplejidad y supone un claro atentado contra los principios constitucionales de la libertad de expresión e información y constituye un riesgo sin precedentes para el ejercicio de la profesión periodística".