Así lo asegura el magistrado en el auto notificado la pasada noche, en el que ha ordenado el ingreso en prisión de cinco de los imputados, entre ellos el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, los ex altos cargos de la Generalidad durante los Gobiernos de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta y el considerado "cerebro" de la trama, el ex diputado del PSC Luis García.
En la resolución, Garzón afirma que hay una serie de "pautas comunes" en las tres grandes operaciones en las que intervinieron los imputados, desarrolladas en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras
El primer paso consistía en que los Ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien, "gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con las empresarios interesados", favorecía su tramitación, "repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos".
Sin embargo, la empresa adjudicataria nunca llegaba a realizar el proyecto, sino que éste quedaba paralizado hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalidad a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.
Esa modificación, además, "resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca del municipio", añade Garzón. Tras la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación, de modo que todo el beneficio quedaba en manos de los intermediarios y nunca en las del Consistorio.
Según el juez, los imputados, en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas, percibían comisiones "sin lógica comercial alguna". El auto detalla las cantidades que resultaron de la rectificación de los planes urbanísticos: 18.377.000 euros en Santa Coloma, catorce millones de euros en Badalona y 12.377.000 euros en San Andrés.
La primera de esas operaciones, denominada "Pallaresa" y desarrollada en Santa Coloma entre 2001 y 2005, supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan, "la disminución de superficie comercial y la dedicada a vivienda protegida para destinarlas de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original". "Todo ello presentado y aprobado en 9 días", subraya Garzón.
La operación de Badalona, que se llevó a cabo entre 2002 y 2004, consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona, S.A. de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, "con una revalorización considerable".
Por último, la denominada "operación Niesma" supuso la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras, produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas. Esta operación en cuestión se desarrolló entre el 23 de mayo de 2003 y el 17 de abril de 2007.