(Pedro de Tena) Ha salido a la luz el caso de la Confederación Andaluza de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps- Andalucía), que ayer acusó a la Junta de "incumplir un acuerdo de financiación a sus centros de atención alcanzado en 2007 y cifrado en más de cuatro millones de euros", lo cual "pone en peligro la calidad de los servicios prestados" por la entidad a más de 14.500 personas en la comunidad. El presidente de Feaps Andalucía, Francisco Alonso, explicó que por este acuerdo, cerrado en noviembre de 2007, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social se comprometió a aumentar la cuantía que viene ofreciendo, y "que no varía desde los años 90", para la financiación de los servicios que presta la confederación. Feaps promueve y gestiona la mayor parte de los centros y servicios dedicados al colectivo de los discapacitados mentales, hasta el punto de que atiende al 85 por ciento de ellos. En esta confederación se aglutinan 136 entidades, todas ellas sin ánimo de lucro, y gestionadas básicamente por los padres y familiares de estos discapacitados. Para resolver su situación van a encerrarse en la Consejería de igualdad y Bienestar Social.
Sin embargo, por ejemplo y sorprendentemente, la consejera de Igualdad y Bienestar Social. Micaela Navarro, niega en todo foro donde comparece que la crisis vaya a suponer recorte social. El propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, el pasado 9 de septiembre garantizó que, pese a la situación de crisis económica que se está viviendo en este momento, el gasto social en los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2009 se "tiene que mantener e incluso incrementarse". Es más, afirmó que los presupuestos de la comunidad en que trabaja su Gobierno para 2009 tienen tres objetivos muy claros, uno de los cuales es que el gasto social "se tiene que mantener e incluso incrementarse" Y añadió: "A pesar de la situación de crisis no vamos a recortar el gasto social porque va dirigido a una gran parte de los ciudadanos, fundamentalmente, a aquellos con más problemas como consecuencia de la crisis.
Sin embargo, por ejemplo y sorprendentemente, la consejera de Igualdad y Bienestar Social. Micaela Navarro, niega en todo foro donde comparece que la crisis vaya a suponer recorte social. El propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, el pasado 9 de septiembre garantizó que, pese a la situación de crisis económica que se está viviendo en este momento, el gasto social en los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2009 se "tiene que mantener e incluso incrementarse". Es más, afirmó que los presupuestos de la comunidad en que trabaja su Gobierno para 2009 tienen tres objetivos muy claros, uno de los cuales es que el gasto social "se tiene que mantener e incluso incrementarse" Y añadió: "A pesar de la situación de crisis no vamos a recortar el gasto social porque va dirigido a una gran parte de los ciudadanos, fundamentalmente, a aquellos con más problemas como consecuencia de la crisis.
Pues los hechos muestran que una cosa es la que se dice y otra bien distinta la que se hace. Según amplía Europa Press, en el caso de los deficientes mentales, "la cuantía exacta de esta subidas fue propuesta por la Junta de Andalucía y aceptada por Feaps "a pesar de que era "claramente insuficiente para sufragar los gastos que se derivan de la prestación de estos servicios y muy lejana a las sugeridas". Sin embargo, la asociación entendió que "era el primer paso para conseguir la consecución de la financiación de los precios reales". Concretamente, las subidas se concretaban en siete euros sobre los 61,87 que ya ofrece la Junta por la prestación del servicio de residencia a personas gravemente afectadas por persona y día –mientras que la confederación pedía una subida que cifrara la ayuda en 71,15 euros–; tres euros sobre los 89,02 euros financiados por la Administración andaluza para los servicios de atención a personas psicodeficientes –frente a los 106,82 que solicitaba Feaps– y de otros tres euros sobre los 47,01 que aporta la Junta para sufragar los gastos de la residencias de adultos o viviendas tuteladas –frente a los 57,62 propuestos–.
Según Alonso, después de celebrar varias reuniones con la Consejería en las que demandaron la aportación de las cantidades comprometidas y de "numerosas dilaciones" por parte de la Administración, ésta contestó diciendo que "no podía hacer frente a su compromiso por falta de dotación presupuestaria". Por ello, Feaps emprenderá un calendario de movilizaciones que comenzará mañana mismo con el envío de misivas de protesta a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social y al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y que continuarán los próximos días 3, 10 y 17 de octubre con encierros de la Junta Directiva de Feaps tanto en la citada Consejería como en las delegaciones provinciales de la misma.
Según Alonso, la confederación está "muy preocupada" por el "riesgo" que suponen estos "recortes sociales" para la calidad de los servicios que ofrecen sus centros a las personas con discapacidad intelectual, centros, "ya de por sí deficitarios", a través de los cuales atienden a 14.500 personas y 6.500 familias con un equipo de 4.500 profesionales. "Buscamos justicia y estamos abiertos al diálogo en todo momento, pero queremos que quede claro que nunca hemos pedido por encima de lo que realmente necesitamos para atender adecuadamente a este colectivo", afirmó el presidente, quien criticó que la Junta "tenga una foto fija sobre la discapacidad que no varía desde los años 90".
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, admitió hoy a trámite la queja formal presentada por Feaps-Andalucía en reivindicación del cumplimiento del citado acuerdo para la financiación de sus centros de atención, ya que, según señaló, "le constan las carencias que tiene este colectivo tan delicado al que la confederación representa". Feaps-Andalucía atiende al 85 por ciento de la repúblicas de las personas con discapacidad intelectual en Andalucía a través de una amplia cartera de servicios que comprende más de 15 centros de atención temprana, 30 centros de educación especial, servicios de empleo con apoyo, 140 centros ocupacionales, 70 residencias de adultos y 35 especializadas para gravemente afectados, así como fundaciones tutelares y viviendas tuteladas y otros servicios.
PP coincide con UGT y CCOO en políticas empleo, ley discapacidad y emigración y juntos piden control sobre la Ley de Dependencia que gestiona el gobierno Chaves
El presidente del PP-A, Javier Arenas, mostró ayer su coincidencia en los planteamientos realizados por los secretarios generales de CCOO y UGT de Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, sobre las políticas de empleo, la ley de discapacidad y la inmigración. Así lo expresaron los tres después de una reunión en la que los sindicalistas presentaron a Arenas los actos conmemorativos y las iniciativas que ambos sindicatos han preparado para celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del próximo 7 de octubre, a las que el PP ha mostrado su adhesión.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, Arenas sólo discrepó con Carbonero y Pastrana por la decisión de la Junta de Andalucía de endeudarse para reactivar la economía andaluza, una medida que el dirigente del PP consideró que debe adoptarse como "último recurso" y una vez que se agoten otras posibilidades. Los sindicatos, por su parte, sí consideran esa decisión positiva siempre que sirva para crear empleo, garantizar los gastos sociales y que se gestione correctamente.
Respecto a las coincidencias, los tres pidieron que se creara una agencia pública que evalúe y controle la ley de la dependencia y que sea el garante de la calidad del servicio que se preste, que permita crear empleo, aumentar la igualdad entre hombres y mujeres y que tenga un sistema de baremación de cada caso flexible. También mostraron su acuerdo en que la ley de la dependencia "huya de un sistema sustentado en el subsidio", como dijo Carbonero, y que el sector privado pueda formar parte de la prestación de determinados servicios así como que se creara una agencia que evaluara la aplicación de la ley.
Arenas y los sindicalistas expresaron la necesidad de vincular la inmigración con el mercado laboral, que los inmigrantes dispusieran siempre de un contrato legal, lo que habría que vigilar por las autoridades capacitadas para ello, y que se "extremaran" los discursos para evitar comportamientos racistas y xenófobos, como dijo el líder del PP. Tras expresar el rechazo a los últimos atentados de ETA, los tres exigieron más medios para luchar contra el aumento del paro y para atender a los nuevos desempleados.
Según Alonso, después de celebrar varias reuniones con la Consejería en las que demandaron la aportación de las cantidades comprometidas y de "numerosas dilaciones" por parte de la Administración, ésta contestó diciendo que "no podía hacer frente a su compromiso por falta de dotación presupuestaria". Por ello, Feaps emprenderá un calendario de movilizaciones que comenzará mañana mismo con el envío de misivas de protesta a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social y al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y que continuarán los próximos días 3, 10 y 17 de octubre con encierros de la Junta Directiva de Feaps tanto en la citada Consejería como en las delegaciones provinciales de la misma.
Según Alonso, la confederación está "muy preocupada" por el "riesgo" que suponen estos "recortes sociales" para la calidad de los servicios que ofrecen sus centros a las personas con discapacidad intelectual, centros, "ya de por sí deficitarios", a través de los cuales atienden a 14.500 personas y 6.500 familias con un equipo de 4.500 profesionales. "Buscamos justicia y estamos abiertos al diálogo en todo momento, pero queremos que quede claro que nunca hemos pedido por encima de lo que realmente necesitamos para atender adecuadamente a este colectivo", afirmó el presidente, quien criticó que la Junta "tenga una foto fija sobre la discapacidad que no varía desde los años 90".
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, admitió hoy a trámite la queja formal presentada por Feaps-Andalucía en reivindicación del cumplimiento del citado acuerdo para la financiación de sus centros de atención, ya que, según señaló, "le constan las carencias que tiene este colectivo tan delicado al que la confederación representa". Feaps-Andalucía atiende al 85 por ciento de la repúblicas de las personas con discapacidad intelectual en Andalucía a través de una amplia cartera de servicios que comprende más de 15 centros de atención temprana, 30 centros de educación especial, servicios de empleo con apoyo, 140 centros ocupacionales, 70 residencias de adultos y 35 especializadas para gravemente afectados, así como fundaciones tutelares y viviendas tuteladas y otros servicios.
PP coincide con UGT y CCOO en políticas empleo, ley discapacidad y emigración y juntos piden control sobre la Ley de Dependencia que gestiona el gobierno Chaves
El presidente del PP-A, Javier Arenas, mostró ayer su coincidencia en los planteamientos realizados por los secretarios generales de CCOO y UGT de Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, sobre las políticas de empleo, la ley de discapacidad y la inmigración. Así lo expresaron los tres después de una reunión en la que los sindicalistas presentaron a Arenas los actos conmemorativos y las iniciativas que ambos sindicatos han preparado para celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del próximo 7 de octubre, a las que el PP ha mostrado su adhesión.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, Arenas sólo discrepó con Carbonero y Pastrana por la decisión de la Junta de Andalucía de endeudarse para reactivar la economía andaluza, una medida que el dirigente del PP consideró que debe adoptarse como "último recurso" y una vez que se agoten otras posibilidades. Los sindicatos, por su parte, sí consideran esa decisión positiva siempre que sirva para crear empleo, garantizar los gastos sociales y que se gestione correctamente.
Respecto a las coincidencias, los tres pidieron que se creara una agencia pública que evalúe y controle la ley de la dependencia y que sea el garante de la calidad del servicio que se preste, que permita crear empleo, aumentar la igualdad entre hombres y mujeres y que tenga un sistema de baremación de cada caso flexible. También mostraron su acuerdo en que la ley de la dependencia "huya de un sistema sustentado en el subsidio", como dijo Carbonero, y que el sector privado pueda formar parte de la prestación de determinados servicios así como que se creara una agencia que evaluara la aplicación de la ley.
Arenas y los sindicalistas expresaron la necesidad de vincular la inmigración con el mercado laboral, que los inmigrantes dispusieran siempre de un contrato legal, lo que habría que vigilar por las autoridades capacitadas para ello, y que se "extremaran" los discursos para evitar comportamientos racistas y xenófobos, como dijo el líder del PP. Tras expresar el rechazo a los últimos atentados de ETA, los tres exigieron más medios para luchar contra el aumento del paro y para atender a los nuevos desempleados.