La comisaria europea de Sociedad de la información y Medios, Viviane Reding, contestó así a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Convergència i Unió (CiU), Ramón Tremosa, en la que éste denunciaba la "pasividad" del Gobierno español ante el cierre de los repetidores por parte de las autoridades valencianas.
En su interpelación, Tremosa criticó el "intento de censura" de la Generalitat Valenciana, por una decisión que el eurodiputado considera una "agresión contra la lengua de los valencianos y su derecho a elegir entre distintas fuentes de información".
Por su parte, Reding aclaró que el Ejecutivo comunitario "no tiene intención de dirigirse" a las autoridades españolas para abordar este tema, "dado que, según parece, no hay pruebas de que se esté infringiendo el derecho comunitario". Además, explicó que los Estados miembros "pueden establecer un sistema de licencias, con el fin de gestionar eficazmente el espectro de radiofrecuencias".
De acuerdo a las normas comunitarias, los países de la UE deben "garantizar la libertad de recepción" y "no obstaculizar" las retransmisiones en su territorio de servicios procedentes de otros Estados miembros.
A este respecto, la comisaria de Medios de Comunicación apuntó que las restricciones en territorio español de un servicio de radiodifusión de otro país comunitario serían "contrarias" a la normativa comunitaria. No así en el caso al que alude Tremosa ya que se trata de una cadena española en territorio español.Acció Cultural del País Valencià (ACPV) no está conforme con la resolución, y considera que "el principio de no interferencia en los asuntos de los estados que rige el funcionamiento de la Unión Europea no puede justificar en ningún caso la pasividad de las instituciones europeas ante los ataques a la libertad de expresión, la pluralidad informativa y una lengua cooficial con más de 9 millones de hablantes".