El informe confidencial, que desvela este lunes El Mundo, es un documento oficial de la Intervención General del Estado remitido a la Fiscalía Anticorrupción hace tres años, redactado por el jefe de la Unidad de Apoyo, Jaime López Alonso.
En él, rechaza y ve "posiblemente nula de pleno derecho" la actuación del Ayuntamiento de Seseña, que durante el escándalo de adjudicación de terrenos de Seseña gobernaba el socialista Jose Luis Martón.
Pero lo más importante, es que el interventor señala directamente a la Junta de Castilla La Mancha –entonces comandada por José Bono– y en especial en la Consejería de Urbanismo, al frente de la que se encontraba el amigo íntimo de Bono, Alejandro Gil. El informe llama la atención sobre la actuación de la Junta de Bono en la adjudicación, como si la aprobación de la propuesta residencial de El Pocero se tratara de un simple Plan Parcial, cuando en realidad quintuplicaba la población de la localidad y la única autoridad competente era el Ejecutivo regional.
Sus palabras son de extrema dureza para el actual presidente del Congreso de los Diputados: "Simplemente por sentido común, no pueden pasar ante los ojos de la Consejería actuaciones urbanísticas de un municipio que lo van a convertir en uno de los más poblados de toda la Comunidad Autónoma sin que ésta asuma sus competencias en materia de planeamiento urbanístico, salvo que exista grave dejación de responsabilidades o se protejan intereses ilegítimos" según reproduce el informe al que ha tenido acceso El Mundo.
La lista de artículos que habría incumplido José Bono en su trato Pocero es larga: "desde el punto de vista legal, el cumplimiento de los fines de la actividad pública, territorial y urbanística, descritos en los artículos 5 y 6 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Castilla-La Mancha (LOTAU) parecen especialmente vulnerados por el órgano que ostenta las superiores competencias en la materia" sostiene.
¿Y cómo interpreta el informe del interventor la actuación de Bono? Pues asegura que "cubrir jurídicamente" esta dudosa actuación, que dejó en manos de El Pocero y el Ayuntamiento de Seseña decisiones que correspondían al gobierno regional "sólo puede estimarse un desatino, considerando tanto el sentido común como la legislación vigente".
Las actuaciones de Bono revirtieron en el pelotazo que pego El Pocero, porque según el interventor "sólo la recalificación urbanística de los terrenos" generaba "unas plusvalías de más de mil millones de euros". Se trataba de un terreno rústico de 1,8 millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas.
Estos vínculos entre El Pocero y Bono se unen a los ya desvelados, como el hecho de que el presidente del Congreso le encargase personalmente las obras de su Hípica Almenara a El Pocero.