L D (EFE) Todos los grupos votaron a favor de la propuesta de CiU, cuya portavoz, Mercé Pigem, destacó la importancia de la persecución extraterritorial de estos delitos dado que la mutilación genital en muchos casos no se realiza en España, sino en los países de origen de las inmigrantes, durante los viajes o estancias de vacaciones.
La mutilación genital, aseguró ante el pleno, es "un delito contra la integridad física y psicológica, un claro acto de violencia contra las mujeres y una violación de los derechos humanos", por lo que ante ella "no vale aducir el derecho a la libertad, cultural o ideológica". Sin embargo, tanto ella como el resto de portavoces abogaron por incluir el reproche penal en un conjunto de medidas de información, formación y ayuda a los colectivos de inmigrantes sin estigmatizarlos, porque muchas de las personas que practican la mutilación genital creen que no tiene consecuencias negativas sino que es incluso saludable.
Entre 120 y 135 millones de mujeres viven en el mundo mutiladas y a ellas se añaden dos millones cada año en países africanos y de Oriente Próximo, pero también en Europa debido al fenómeno migratorio.
El portavoz del grupo socialista, Pedro Muñoz, respaldó la persecución extraterritorial de este delito y avanzó que en el trámite parlamentario se debería estudiar la posibilidad de incluir esta práctica entre los motivos para solicitar asilo, y la aplicación de la norma no sólo a los extranjeros residentes legales, sino también a los ilegales.
El apoyo del PP fue argumentado por la diputada Susana Camarero, quien consideró que la unanimidad alcanzada en el Congreso supone "el triunfo de la libertad, de la tolerancia, de los derechos de la mujer" frente a unas práctica "execrables, humillantes y vergonzantes".
La portavoz de ERC, Rosa María Bonás, apoyó la reforma porque en la actualidad hay casos en los que la mutilación se realiza en España y las familias simulan que se ha realizado en el extranjero; reclamó que esta "forma de tortura" sea penada como lesión grave, nunca leve, y pidió también que se considere motivo para el asilo.
La portavoz del PNV, Margarita Uría, se mostró de acuerdo con la necesidad de completar la reforma del Código Penal que calificó la mutilación genital como lesión para evitar la impunidad de conductas "abiertamente aberrantes", pero pidió también que se persiga tanto a los inmigrantes legales como a los ilegales.
Desde IU-ICV, Carme García coincidió en la necesidad de la reforma y apostó por formar a los profesionales que pueden detectarlas y por informar a las familias, colaborando con las ONG y con las Comunidades Autónomas.
El objetivo de la reforma legal, en opinión del portavoz de Coalición Canaria, Luis Mardones, es demostrar que "ningún atentado contra los derechos humanos nos debe ser ajeno, aunque no se practique ni culturalmente ni físicamente en nuestro territorio".
Para la portavoz del BNG, Olaya Fernández, será necesario poner en marcha campañas educativas que permitan a los colectivos de inmigrantes darse cuenta de que esas "prácticas aborrecibles" no responden a ninguna necesidad, sino a costumbres ancestrales que deben ser abolidas.
La mutilación genital, aseguró ante el pleno, es "un delito contra la integridad física y psicológica, un claro acto de violencia contra las mujeres y una violación de los derechos humanos", por lo que ante ella "no vale aducir el derecho a la libertad, cultural o ideológica". Sin embargo, tanto ella como el resto de portavoces abogaron por incluir el reproche penal en un conjunto de medidas de información, formación y ayuda a los colectivos de inmigrantes sin estigmatizarlos, porque muchas de las personas que practican la mutilación genital creen que no tiene consecuencias negativas sino que es incluso saludable.
Entre 120 y 135 millones de mujeres viven en el mundo mutiladas y a ellas se añaden dos millones cada año en países africanos y de Oriente Próximo, pero también en Europa debido al fenómeno migratorio.
El portavoz del grupo socialista, Pedro Muñoz, respaldó la persecución extraterritorial de este delito y avanzó que en el trámite parlamentario se debería estudiar la posibilidad de incluir esta práctica entre los motivos para solicitar asilo, y la aplicación de la norma no sólo a los extranjeros residentes legales, sino también a los ilegales.
El apoyo del PP fue argumentado por la diputada Susana Camarero, quien consideró que la unanimidad alcanzada en el Congreso supone "el triunfo de la libertad, de la tolerancia, de los derechos de la mujer" frente a unas práctica "execrables, humillantes y vergonzantes".
La portavoz de ERC, Rosa María Bonás, apoyó la reforma porque en la actualidad hay casos en los que la mutilación se realiza en España y las familias simulan que se ha realizado en el extranjero; reclamó que esta "forma de tortura" sea penada como lesión grave, nunca leve, y pidió también que se considere motivo para el asilo.
La portavoz del PNV, Margarita Uría, se mostró de acuerdo con la necesidad de completar la reforma del Código Penal que calificó la mutilación genital como lesión para evitar la impunidad de conductas "abiertamente aberrantes", pero pidió también que se persiga tanto a los inmigrantes legales como a los ilegales.
Desde IU-ICV, Carme García coincidió en la necesidad de la reforma y apostó por formar a los profesionales que pueden detectarlas y por informar a las familias, colaborando con las ONG y con las Comunidades Autónomas.
El objetivo de la reforma legal, en opinión del portavoz de Coalición Canaria, Luis Mardones, es demostrar que "ningún atentado contra los derechos humanos nos debe ser ajeno, aunque no se practique ni culturalmente ni físicamente en nuestro territorio".
Para la portavoz del BNG, Olaya Fernández, será necesario poner en marcha campañas educativas que permitan a los colectivos de inmigrantes darse cuenta de que esas "prácticas aborrecibles" no responden a ninguna necesidad, sino a costumbres ancestrales que deben ser abolidas.