Altos cargos de la Junta de Andalucía, interrogados por la Guardia Civil

LD (Pedro de Tena) Hace unos meses Libertad Digital realizó una serie de informes y reportajes que ponían de manifiesto la corrupción generalizada del urbanismo en Chiclana de la Frontera (Cádiz) cuyos máximos responsables eran dirigentes del PSOE. Ayer se sabía que la Guardia Civil ha llamado a declarar al alcalde de Chiclana, el socialista José María Román,  el actual secretario de Deportes de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía y ex alcalde de Chiclana, Manuel Jiménez Barrios y Juan Jesús Jiménez, presidente de Egmasa y viceconsejero de Medio Ambiente,  por supuesta malversación.

La Benemérita los ha interrogado a raíz de la denuncia del PP e IU sobre la prescripción de 1.707 expedientes sancionadores de urbanismo entre 2003 y 2006 Esta actuación se encuadra en las diligencias abiertas en Fiscalía y que aún no han concluido. Así lo ha contado La Voz de Cádiz. 

Esos interrogatorios se produjeron entre los días 11 y 17 de febrero y las pesquisas fueron ordenadas por el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, que tiene abiertas unas diligencias informativas para dilucidar si existen pruebas consistentes de que el PSOE aplicó la dejadez administrativa para dejar sin efecto más de 1.700 expedientes sancionadores relativos a las miles de construcciones que fueron levantadas al margen del planeamiento. En concreto, la denuncia cita 1.717 casos, de los cuales sólo se ejecutaron diez de ellos.

Elevar el caso al tribunal de cuentas

Las diligencias informativas aún no han llegado a su fase de conclusión, la cual puede desembocar en dos decisiones: el archivo de las actuaciones por falta de indicios o la denuncia del Ministerio Fiscal que se presentaría en los juzgados de Chiclana. Fuentes directas del caso confirmaron que esa decisión podría producirse en las próximas semanas. Si bien los populares ya advirtieron que estarían dispuestos a elevar el asunto al Tribunal de Cuentas, en función de los resultados de la investigación de la Fiscalía.

El reciente equipo de blanqueo de capitales, integrado en la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, ha sido el encargado de interrogar a los implicados. Estos agentes llevan pocos meses especializados en las investigaciones patrimoniales y su equipo es fruto de la especialización que se están produciendo en los cuerpos policiales para afrontar determinadas realidades delictivas que van en aumento como la delincuencia urbanística o la corrupción en las administraciones públicas. Cada denunciado fue informado de que estaba imputado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales.

Corrupción urbanística

El verano pasado, el grupo municipal popular denunció ante la Fiscalía de Cádiz el archivo masivo de expedientes sancionadores en materia de urbanismo. Hubo siete denunciados que ocuparon puestos de responsabilidad en el Consistorio en la etapa comprendida entre 2003-2006. El alcalde José María Román; el ex primer edil y secretario general de Deportes de la Junta, Manuel Jiménez Barrios; el ex delegado de Urbanismo y actual responsable de Educación y Juventud, Joaquín Muriano; la actual delegada de Hacienda, que ocupó el mismo cargo entre 2003 y 2007, Manuela Moreno; el ex gerente de Urbanismo, Alfonso López Almagro, quien también fuera delegado provincial de Obras Públicas y los ex delegados de Urbanismo, Juan Luis Belinzón y Juan Jesús Jiménez, este último es presidente de Egmasa y viceconsejero de Medio Ambiente.

De los 1707 expedientes sancionadores, sólo llegaron al Servicio de Recaudación, según el PP, 15 y se cobraron 10.

Previendo el descalabro electoral si afloraba el escándalo, el PSOE preparó una moción de censura para echar a PP e IU del Ayuntamiento de Chiclana, contando para ello con tránsfugas de IU y pactos con el partido de Pacheco. La moción de censura contra el débil gobierno de coalición liderado por el PP se produjo y ahora ya han llegado las consecuencias policiales y judiciales.

Siete miembros de la Corporación local durante ese intervalo de tiempo ya han prestado declaración por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Entre ellos están el alcalde socialista José María Román y el actual secretario general de Deportes del Gobierno Regional, Manuel Jiménez Barrios, quien ostentara el bastón de mando de la Alcaldía desde 1994 hasta el 15 de junio de 2004. Otro de los denunciados es el presidente de la empresa pública Egmasa y viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez.

Los denunciantes sostienen que de los 1.717 expedientes sancionadores incoados, sólo quince llegaron al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento; uno correspondiente al año 2005 y el resto es de 2006. El PP asegura, según la información que ha aportado a la Fiscalía, que sólo se cobraron diez de estos expedientes, lo que pudo suponer, haciendo un cálculo somero del importe medio por sanción, unos 100 millones de euros que dejaron de ingresar las arcas públicas.

Precisamente el fiscal Núñez ha señalado en numerosas ocasiones la responsabilidad que han tenido los Ayuntamientos al dejar crecer la bolsa de viviendas ilegales de sus municipios, practicando el silencio administrativo y no defendiendo los planeamientos urbanos.

Reacción del PP de Chiclana

Las declaraciones más contundentes llegaron desde el Partido Popular, impulsor de una denuncia que salpica a dos altos cargos de la Junta -el secretario general de Deportes, Manuel Jiménez Barrios, y el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez -, aunque la investigación se ciñe sólo a cuando tenían responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Chiclana entre 2003-2006; uno como alcalde y el segundo, como ex delegado de Urbanismo.

Las pesquisas también alcanzan al actual primer edil, José María Román; la delegada de Hacienda, Manuela Moreno; el ex responsable de Obras Públicas a nivel provincial, Alfonso López Almagro, cuyo hermano es el actual gerente de la sociedad municipal de suelo (Emsisa) y Juan Luis Belinzón, que también ocupara la cartera de Urbanismo entre 1995 y 2003.

"Esto es una prueba más de lo que veníamos denunciando desde la moción de censura de Ernesto Marín. Ese movimiento buscaba tapar el cúmulo de irregularidades que se han cometido en Chiclana, y que todo el mundo sabía pero nadie actuaba". De forma tajante se refería el presidente provincial del PP, José Loaiza, a la hora de valorar la documentación que habían trasladado a la Fiscalía y que habla de 1.717 expedientes sancionadores contra edificaciones ilegales que quedaron sin efecto, salvo diez de ellos, cuyas multas sí se cobraron.

Los populares siempre han defendido que en muchos de estos expedientes consta la firma del técnico autorizando la tramitación de la sanción, pero que se quedaban paralizados por la dejadez del Ayuntamiento, que ha estado gobernado durante más de 20 años por el PSOE, hasta que el cuatripartito liderado por Ernesto Marín rompiera esa ciclo sin mucho éxito. "El desorden urbanístico que hay en esa ciudad es responsabilidad de los equipos socialistas y de la Junta, como último garante de las normas urbanísticas. Si los indicios recabados hasta ahora se traducen en una denuncia formal del fiscal, pediremos responsabilidades al presidente Chaves". Loaiza iba más allá y se preguntaba, dado que también han denunciado ante la Fiscalía la prescripción de algunos expedientes vinculados a familiares de dirigentes socialistas, "si esa dejadez administrativa le interesaba al PSOE".

Investigaciones a fondo

Desde IU, que ha regresado al Gobierno local, se pedían investigaciones judiciales "que lleguen al fondo y que aclaren todo lo oscuro que aparezca", declaraba ayer a este medio el parlamentario de esta formación por Cádiz, Ignacio García. "Desde el respeto hacia una investigación policial y judicial, las miles de viviendas que hay fuera de planeamiento en Chiclana es un problema que no viene de ahora sino de muchos años atrás".

Desde las filas socialistas se guardó silencio y no se pronunciaron sobre este asunto, del que sí quiso hablar el concejal de Urbanismo de IU durante el gobierno cuatripartito, José Pedro Butrón, quien mostró extrañeza por el hecho de que "no haya habido una intervención de la Fiscalía hasta ahora. Una situación como la de Chiclana, con más de 30.000 viviendas construidas sin licencia en los últimos años, no tiene comparación con ninguna otra localidad española, y tiene que tener algún responsable político". Los más de 1.700 expedientes sin ejecutar son de por sí una prueba para Butrón. "Los datos hablan por sí solos, y llama la atención de que en esos años sólo se resolvieron poco más del 1%".