Varios medios de comunicación en Andalucía informaron que la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la reordenación del sector público había sido acordada con los sindicatos. Sin embargo, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Andalucía FSC-CCOO-A, Felipe Falcó, desmintió que el decreto de reordenación del sector público aprobado por el ejecutivo andaluz el pasado martes 27 de julio hubiera sido negociado previamente con los sindicatos. Pero estamos en condiciones de afirmar que al menos CC.OO, tenía los borradores de Decretos antes de que se aprobaran, luego conocían las intenciones del gobierno Griñán.
Alguien miente. O UGT y CC.OO están haciendo un doble juego para salvar la cara en la función pública andaluza o el gobierno de Griñán miente una vez más.
El plan, presentado en junio por la consejera en el Parlamento, ofrece según ella la "máxima garantía" jurídica a los trabajadores, al reconocer los servicios prestados tanto a funcionarios como a contratados laborales en caso de tránsito, extremo -según la consejera- que ha sido acordado con los sindicatos.
Para Falcó, si las declaraciones resultan ser ciertas, estaríamos ante una "rotunda mentira", ya que "lo único que ha existido" con carácter previo han sido tres reuniones meramente informativas, "en las que se han maltratado a los sindicatos que durante los últimos treinta años han trabajo para consensuar la paz social en Andalucía".
Los sindicatos UGT y CC.OO. mantienen dos lenguajes e intereses distintos. Por un lado las federaciones de servicios públicos de ambos sindicatos rechazan el Decreto-Ley. Así lo han manifestado los secretarios generales de las federaciones de Servicios Públicos de CCOO, Felipe Falcó, y UGT, Antonio Tirado, en una comparecencia conjunta en el día de ayer ante los medios de comunicación. El secretario general de la FSC-CCOO-A, calificó de "prepotente" tanto la actitud de la Junta de Andalucía como del Gobierno central "al imponer de forma unilateral condiciones laborales al personal, saltándose la negociación con los agentes sociales". Para Falcó, el Gobierno ignora que "estamos en un Estado de Derecho, que tiene normas legales como el Estatuto Básico del Empleado Público" que obliga a negociar las condiciones laborales de los empleados públicos, a lo que ha añadido que las medidas podrían "atentar derechos constitucionales".
Por otra parte, Falcó recordó que el TSJA ha admitido a trámite el recurso interpuesto por CCOO contra el decreto ley de la Junta de Andalucía sobre medidas urgentes en materia de retribuciones del sector público, y no descartó que se tomen nuevas medidas legales que acompañan a las movilizaciones previstas para el mes de septiembre, previas a la Huelga General del día 29, a la que también estará llamado el personal público.
Pero por otro lado está la postura de las federaciones agroalimentarias de UGT y CC.OO. de Andalucía (donde están integradas las antiguas Federaciones de Trabajadores de la Tierra) quienes el pasado día 16 indicaron en una nota de prensa que:
"Tras estudiar y valorar el borrador presentado por la administración, se coincide en afirmar que la reestructuración plantea muchas complicaciones ya que hay que ensamblar "empresas" y personal con situaciones laborales distintas. De igual forma se coincide en que esta negociación se ha de realizar a "diferentes escalas" siendo la primera a nivel de la Concertación Social a través de las Confederaciones de CCOO y UGT de Andalucía. En esta fase trataremos que el decreto ley resultante no sea lesivo al interés de los trabajadores y garantice el estatus actual de los derechos laborales así como el cumplimiento absoluto de los convenios colectivos y la convergencia en el convenio único para cada una de las Agencias Públicas.
En la segunda fase, se tienen que perfilar los protocolos de integración y los estatutos de las sociedades, por lo que el desarrollo de los mismos serán específicos de cada empresa, y donde reclamamos ambas Federaciones la participación, tanto en los protocolos como en los y calidad en el empleo".
Y por último, se debe concluir con la negociación de los aspectos subrogables de los actuales derechos laborales garantizando todas las expectativas de derechos que incluyen los diferentes convenios colectivos que finalmente tienen que concluir en un convenio único para todos los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a la misma Agencia."
De esta nota se deduce que, cuando menos, ha habido conversaciones sobre el decreto, que se ha tenido a disposición el borrador del Decreto y que se planifica una negociación posterior a la aprobación del mismo. Puede ver la nota completa en este enlace, pinchando aquí.
Conviene recordar que, por ejemplo, la empresa pública Egmasa tiene una afiliación a UGT del 80 por ciento y que esa mayoría de trabajadores contratados a dedo son los que, gracias al Decreto, van a continuar en la Junta de Andalucía perteneciendo ya a la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma. Y no se olvide que el número dos de UGT-Andalucía y Vicesecretario General de Organización, Francisco Fernández Sevilla, es trabajador de EGMASA (Empresa de Gestión Medio Ambiental S.A.) que será uno de los que se integren en estas Agencias.