Tan sólo habían pasado unas horas desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo anulando varios artículos del decreto que impone el catalán como lengua vehicular en el segundo ciclo de Educación Infantil y estableciendo que los inmigrantes reciban educación también en castellano, cuando la consejera catalana de Educación afirmó que "el curso que viene lo seguiremos haciendo de la misma manera".
Igualmente, CiU, el partido al que pertenece la consejera, Irene Rigau, advirtió que no dará "ni un paso atrás". Ya este miércoles, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, ha avanzado que mantendrán la inmersión en catalán "diga lo que diga" cualquier tribunal.
"Desobediencia a los tribunales"
Ante esta actitud, Convivencia Cívica Catalana ha anunciado que se querellará contra el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, y contra la consejera, Irene Rigau, por un delito de desobediencia a los tribunales si incumplen la sentencia del Tribunal Supremo. El plazo que tendría la Generalidad para deponer su actitud es de dos meses. Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emita el auto de ejecución de la sentencia del Supremo, la Administración está obligada a cumplirla.
Ésta sería la segunda querella interpuesta por la asociación presidida por Francisco Caja a la que puede tener que hacer frente Irene Rigau. Convivencia Cívica Catalana ya anunció el pasado mes de marzo que llevaría a los tribunales a la consejera catalana por prevaricación, al negarse a cumplir las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo que instan a la Administración catalana a introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, junto al catalán.
La "naturaleza democrática" del poder político
"El sometimiento del poder político a las decisiones de jueces y tribunales y a sus resoluciones judiciales es un principio elemental, indispensable de la democracia, que confiere al ejercicio del poder político su naturaleza democrática. Por esta razón las manifestaciones del presidente del gobierno autonómico catalán y de la consejera de Educación deberían indignar a cualquier demócrata", señala Convivencia Cívica Catalana en la nota emitida este miércoles.
La asociación considera que el gobierno autonómico debe "acatar" las sentencias, "si no quiere incurrir en un delito de desobediencia a los Tribunales (art. 410 del Código Penal)".