Durante las últimas semanas han ido en aumento las acusaciones contra la Iglesia Católica por disfrutar de una serie de supuestos privilegios así como de ser la única institución que no ha sufrido recortes. La polémica ha ido creciendo hasta convertirse en el tema estrella de la actualidad política y casi en una cuestión de estado. Todo ello, gracias a la campaña encabezada por el Partido Socialista y otras formaciones como Izquierda Unida.
Ante esto, desde la Conferencia Episcopal han intentado explicar la realidad de los hechos y, sobre todo, aclarar que no disfrutan de unos beneficios que no prevea la ley de por sí. De hecho, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, relata qué está exento y qué no de pagar el famoso Impuesto de Bienes Inmuebles.
El régimen fiscal de la Iglesia en España viene marcado por dos puntos. El primero es el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español firmado en 1979, que tiene carácter de tratado internacional y que fue refrendado por una mayoría abrumadora en el Congreso. Por otro lado, para el resto de acuerdos se rige por la legislación general de entidades no lucrativas.
A lo largo de los años se han ido produciendo distintas modificaciones como la Ley de Fundaciones y de Participaciones privadas en actividades de interés general de 1994 o la más importante, la aprobación en 2002 de la Ley de Mecenazgo.
Esta normativa establece en su Título II el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, régimen al que se incorpora no solo la Iglesia Católica sino también las iglesias evangélicas, la comunidad judía y la islámica.
Dice el artículo 15.1 que "estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades".
De este modo, la Iglesia disfruta por ley de las mismas exenciones que fundaciones, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de utilidad pública, ONG o federaciones deportivas. Aquí se incluirían partidos como IU y PSOE, cabecillas de las protestas.
En este sentido, la Iglesia Católica está exenta de pagar el IBI excepto de aquellos bienes en los que se realiza una explotación económica. Por ejemplo, si en un local perteneciente a una parroquia hay una floristería, ésta debería pagar este impuesto. Lo mismo ocurre en la tienda de dulces de un convento o en el garaje que posee la parroquia.
Debido a los acuerdos con la Santa Sede de 1979 y luego ampliados por la Ley de Mecenazgo, la Iglesia está exenta de pagar el IBI en estos casos:
- Parroquias
- Curia diocesana
- Seminarios
- Universidades de disciplinas eclesiásticas
- Casas parroquiales y residencia del Obispo
- Edificios destinados a residencia de Órdenes y Congregaciones religiosas.
Sin embargo, no estarían exentas las viviendas particulares de los sacerdotes.
Del mismo modo, la Iglesia disfruta de otra serie de beneficios que comparte con el resto de entidades no lucrativas:
- Exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
- Exención del Impuesto sobre Sucesiones.
- Exención del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos cuando surge por bienes exentos de IBI.
Además, desde 2007 la Iglesia renunció, tras el acuerdo de financiación, a la exención que disponía del IVA en la entrega de bienes inmuebles, por lo que tributa como cualquier otra entidad.
En este sentido, la Conferencia Episcopal insiste en que no se beneficia de ningún privilegio sino los previstos para las entidades no lucrativas. De hecho, el hotel Palace o el Ritz están exentos de pagar el IBI, al igual que las embajadas, la SGAE, UGT, los partidos políticos o la Federación Española de Fútbol, por poner sólo algunos ejemplos.
También desmontan algunas de las acusaciones que aseguran que el denominado "IBI eclesial" representa un alto porcentaje sobre el IBI que goza de esta exención. Pero la realidad es que tan sólo en Madrid se podrían recaudar 190 millones si todo el mundo lo pagara. Sólo el 5 por ciento correspondería a la Iglesia Católica.
Mientas tanto, la Iglesia Católica critica la actuación de las decenas de ayuntamientos que han anunciado que cobrarán este impuesto pese a saber que no pueden hacerlo por no tener competencias para ello.
"La Iglesia ni tiene ni quiere tener privilegios, pero tampoco ser discriminada. Desgastar la imagen pública de una de las instituciones que más está haciendo por la gente que peor lo está pasando en la crisis, solo puede responder a intereses que nada tienen que ver con el bien común", asegura Isidro Catela, jefe de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal.