Hasta 70 manifestaciones de muy diferente signo van a tratar de colapsar la Comunidad de Madrid durante esta semana, en lo que parece todo un esfuerzo por impostar una conflictividad social que en realidad no parece existir más allá de estos esfuerzos de algunos por crearla.
Justo la mitad de estas convocatorias llegan desde los distintos sindicatos, especialmente los dos mayoritarios que llegan a realizar varias llamadas a la manifestación en el mismo día. Mientras, el resto de convocatorias surge de todo tipo de asociaciones y colectivos: desde grupos vecinales hasta fundaciones ecologistas o colectivos de trabajadores de empresas en problemas.
La insistencia de UGT
Un caso llamativo es el del la sección de Servicios Públicos de UGT, que sólo en esta semana ha convocado siete diferentes movilizaciones, todas ellas con la firma de su secretario de Organización y Área Interna, Julián Rollón Ferigal.
En estos siete días Rollón Ferigal se manifestará contra el "traspaso de competencias a la comunidad"; por "temas laborables de la empresa Seralia", de nuevo por el "traspaso de competencias a la comunidad" (contra esto se manifiestan de lunes a viernes); o por la "aplicación de forma unilateral de condiciones de trabajo sin negociación"...
Otras convocatorias son de lo más genéricas, como la convocada por UGT a través de su Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados (UPJP) que se manifiestan "contra las medidas antisociales del gobierno" o "contra las reformas previstas por el Gobierno" o "por unos servicios públicos de calidad".
Mascotas, partos y afrodescendientes
Algunas de las convocatorias son por asuntos cuanto menos sorprendentes, como la que planteó para el pasado lunes la Fundación Grupo Ecológico Verde "en solidaridad con los afrodescendientes y contra la violación de derechos humanos". La concentración se celebró frente a la embajada de Colombia pero mucho nos tememos que no debió incluir muchas críticas a la guerrilla terrorista de las FARC.
Otra convocatoria curiosa es la que tendrá lugar el próximo domingo entre Sol y Callao, "a favor del parto respetado", que ha sido convocada por tres particulares y tiene, para qué privarse de nada, una duración de dos horas.
Esta convocatoria coincidirá con una de tres horas convocada por un particular en la Puerta del Sol y que se trata de una "quedada con amigos y mascotas" cuya asistencia esperada es de unas 80 personas. Y casi en el mismo lugar, pero un día antes, habrá otra convocada por la Fundación Equanimal "en defensa de los animales". El desperdicio de las posibles sinergias entre estos actos es ciertamente lamentable.
No tanto por el contenido sino más bien por la institución convocante nos llama poderosamente la atención otra protesta que también se celebrará en Sol el próximo domingo: el Partido Socialista Rumano protesta por las "nuevas medidas del Gobierno español contra los residentes rumanos".
Y tras la polémica por la duración de las movilizaciones del 15-M tampoco deja de sorprender que se convoque una protesta de seis horas "en solidaridad con el alcalde de Alburquerque y reivindicando ayudas para energías renovables". Convocada por una ciudadana particular se prevé una notable asistencia de 12.000 personas y se celebrará frente al Ministerio de Industria en el Paseo de la Castellana.
A todas estas cuestiones hay que sumar lo que ya podríamos denominar como "manifestantes habituales": en presunta defensa de la Sanidad o la Educación pública, los antifranquistas que se solidarizan con Garzón, los afectados por Forum Filatélico y Afinsa e incluso algunas que se podrían considerar razonables: el sábado se ha convocado una concentración frente a la embajada China en defensa de los muy maltratados Derechos Humanos en ese país.
En total, si se cumplen las previsiones de los promotores de los distintos actos, durante esta semana se dedicarán casi 140 horas a concentraciones y manifestaciones. Si se ordenasen una tras otra en el tiempo esto supondría una larguísima manifestación de prácticamente seis días de duración.
Poca colaboración de la Justicia
Esta inusitada acumulación de actos de protesta supone un auténtico problema para la Policía y la Delegación del Gobierno en Madrid, cuyos responsables se encuentran en ocasiones poco menos que atados de pies y manos ante la escasa colaboración de la Justicia.
También en esta semana tenemos un excelente ejemplo de esto: el mismo día que se juega en Madrid una final de la Copa del Rey que se está viendo más que salpicada por la polémica de la pitada al himno que planean algunos grupos independistas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha autorizado una manifestación convocada por Falange y otros grupos vinculados a la extrema derecha que la Delegación del Gobierno había trasladado a otro día por razones obvias.
En definitiva, Madrid se está convirtiendo en una ciudad en la que es prácticamente imposible salir a la calle sin encontrarse una manifestación o una protesta y, en determinadas áreas, sobre todo las más céntricas, un verdadero impedimento al normal desarrollo de las actividades económicas o de ocio de madrileños y turistas.