Francisco Javier López y José Ricardo Martínez, responsables máximos de CCOO y UGT en Madrid, respectivamente, han comparecido ante los medios y buena parte de la opinión pública en el marco de un desayuno organizado por el Nueva Economía Fórum.
El acto contó con la presencia de destacados personajes de la vida política y económica madrileña: la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol; la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes; los socialistas Tomás Gómez, Jaime Lissavetzky, Maru Menéndez y Rafael Simancas; los portavoces de IU en comunidad y ayuntamiento Gregorio Gordo y Ángel Pérez, respectivamente; o el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernandez.
En un principio, el encuentro parecía ideal para que los sindicalistas expusiesen sus puntos de vista y su argumentario sobre la próxima Huelga General del día 29, cosa que por supuesto han hecho, pero además han aprovechado para cargar contra los medios de comunicación, especialmente contra Telemadrid, El Mundo y otros que, sin citarlos, han quedado definidos dentro de los que construyen "castillos de naipes sobre la corrupción" pero "no hacen nada más".
Los ataques han llegado, sobre todo, del lado de Francisco Javier López, especialmente en una pregunta en relación a la noticia sobre un ático que al parecer alquila el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al que ayer hacía referencia una noticia de El Mundo.
A partir de ahí, y con un tono verdaderamente agrio, López ha cargado contra los medios pidiendo "que se abstengan de establecer teorías de la conspiración en todos los órdenes", para afirmar acto seguido que "alguien tiene que pararle los pies" a aquellos "que emponzoñan la vida social", en referencia tanto al periódico de Unidad Editorial como a otros medios.
Algo más calmado de lo que suele ser su tono habitual, el responsable de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, ha calificado a esos medios de "deleznables" y "de un amarillismo político lamentable". El sindicalista, que ha tenido una presencia mediática notable a raíz de sus declaraciones insultantes o de sus retribuciones en Caja Madrid, ha dicho que "la gente sabrá la basura que quiere leer", y ha asegurado que él no la lee, pese lo cual no tiene empacho en criticarla.
"Riesgos muy serios de incalculables consecuencias"
En cuanto a la huelga general, los sindicalistas desgranaron sus argumentos habituales en un tono por lo general más comedido y respetuoso, no exento de algunas apreciaciones cuya lectura no puede dejar de ser amenazante.
Así, tanto el de UGT como el de CCOO, advirtieron de que la ruptura del diálogo social y el ataque que, según ellos, suponen tanto la reforma laboral como los recortes de gasto público pueden provocar "riesgos muy serios de incalculables consecuencias", según Francisco Javier López, que matizaba acto seguido que no se trataba "de una amenaza", sino de "un temor".
Ambos intervinientes apelaron en varias ocasiones al espíritu de los Pactos de la Moncloa y reclamaron que la salida a la crisis debía ser negociada con los agentes sociales, tanto para el "cambio de modelo productivo" que estiman imprescindible, como para los recortes que también creen que habrá que hacer, eso sí, sin que afecten a los servicios sociales sino, más bien al contrario, haciendo "más visible la presencia de las administraciones públicas", en palabras de José Ricardo Martínez.
¿Acatarán los servicios públicos?
Los líderes sindicales han afirmado que los servicios mínimos para el día de huelga deben ser sólo en aquellos servicios que se consideran "esenciales", en referencia a aspectos como la "atención sanitaria, la seguridad ciudadana, o que se apague un incendio", ha dicho Francisco Javier López, omitiendo de forma deliberada una referencia al transporte.
Ambos sindicalistas han coincidido en que esos servicios mínimos deben ser similares a los que se ponen en marcha "cualquier domingo" y han insistido en considerar que el derecho de huelga "prevalece sobre el derecho al trabajo".
En cualquier caso, han asegurado que "cumplirán" los servicios si son pactados y que si no lo son "los acatarán", aunque también han advertido que serán muy beligerantes en caso de que consideren la imposición de unos servicios mínimos abusivos y han amenazado con acciones legales incluso ante "organismos internacionales".