El diario Público cerrará su edición en papel el próximo domingo, cuando se citará por última vez con sus lectores, a quienes seguirá informando desde su web, han confirmado fuentes del periódico en conversación telefónica con Libertad Digital.
Las mismas fuentes han señalado que el diario La Voz de Asturias seguirá publicándose, tanto en su versión de papel como en la online, puesto que su menor coste permite seguir buscando posibles soluciones con los proveedores e incluso para la entrada de nuevos inversores. Además, su problema de caja no es tan acuciante como el que ha llevado a su último día a Público.
No fue posible encontrar inversores
La propiedad del diario Público y de La Voz de Asturias, periódicos que estaban en concurso de acreedores desde hace varias semanas, han pasado este tiempo buscado nuevos inversores sin conseguirlo.
Una vez transcurrido el plazo que se dio para lograr ese objetivo, y al constatar la imposibilidad de que pudiese seguir en marcha un proyecto empresarial que pasase por una edición de papel, la propiedad ha solicitado, de común acuerdo con los administradores concursales, el cese parcial de la actividad, que se ha pedido esta misma mañana en el juzgado de lo mercantil de Barcelona.
Actualmente trabajan en Público 160 personas, de los cuales hay aproximadamente una docena adscritos en exclusiva a la página web. Por el momento se desconoce si el nuevo proyecto de la compañía pasará por ampliar esta plantilla y en qué cifras, algo que está "por definir", así que tras la noticia que se ha hecho pública este viernes los trabajadores desconocen cuál será su futuro más allá del próximo domingo.
Apoyo a la plantilla y críticas a Roures
En Twitter, el propio Ignacio Escolar lo confirmaba y enviaba un abrazo "a todos los compañeros de la redacción". Numerosos usuarios de esta red social lamentan la desaparición de la edición impresa de este periódico. Aunque la mayoría de estos tuiteros expresan su solidaridad con los miembros de la plantilla, también son numerosos los que cargan contra los directivos y, concretamente, contra el dueño de Mediapro, Jaime Roures.