Víctor Gago
"Un Pacto de Toledo sanitario". Así podría titularse el principal objetivo que se ha marcado Ana Mato en su primer año al frente del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. En su estreno en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión correspondiente, la ministra ha esbozado las líneas generales de su departamento, con un objetivo fundamental, hacer "sostenible" el sistema sin menoscabo de su "calidad".
Los problemas de la sanidad española podrían resumirse en una cifra alrededor de la que ha girado la comparecencia de la ministra: 15.000 millones de euros. Ésa es la cantidad que deben las diferentes consejerías autonómicas. Con un dato de esta magnitud, el reto es conseguir mantener los servicios sin que todo se desmorone bajo el peso de los números rojos.
Por eso, Mato ha asegurado que "el pacto va a ser un propósito irrenunciable" para su departamento, al que dedicará "esfuerzo, lealtad y colaboración con todos". Además, ha asegurado que este acuerdo es "clave" y que debe ser "realista", sin dejar de ser "ambicioso". El objetivo: implantar un "modelo sociosanitario" por primera vez en España.
No será un camino sencillo. Rosa Díez, por ejemplo, le ha recordado que los problemas de la sanidad española provienen del "desgobierno y la ruptura de la cohesión", en una clara insinuación a la responsabilidad autonómica en la situación actual. Pese a todo, la ministra se ha mostrado contraria a la vuelta de las competencias al Gobierno central.
Mato ha asegurado que esto no irá en contra de la cohesión del sistema: "Todos tenemos el mismo derecho a acceder en condiciones de igualdad a una atención sanitaria de calidad, sea cual sea nuestro estado de salud y nuestro lugar de residencia, es decir, sin importar donde vivamos, cuantas veces tengamos que recurrir a la sanidad ni cuan costoso sea el tratamiento que necesitemos", ha asegurado Mato.
Rompecabezas
Como en otras muchas cuestiones, la financiación de la sanidad española es un complejo rompecabezas en el que es complicado saber dónde empieza la responsabilidad de cada cual y dónde una ley compleja y mal diseñada. El Estado tiene la competencia regulatoria básica.
Esto quiere decir que el Gobierno central establece el catálogo mínimo de prestaciones que están obligados a ofrecer todos los servicios de salud autonómicos. De esta manera, la lista de tratamientos y servicios cubiertos los determina el Ministerio de Sanidad, pero los pagan las comunidades. Y algo parecido ocurre en el campo de los servicios sociales, como la Ley de Dependencia.
De esta manera, las regiones se ven obligadas a prestar servicios que quizás consideren no esenciales, pero que están recogidos en la normativa estatal. Por eso se quejan a veces de que no tienen capacidad para reducir el gasto en las grandes partidas (por ejemplo, no podrían decretar un copago aunque quisieran).
Por otro lado, los gobiernos autonómicos no pueden eludir su responsabilidad en los descontrolados números rojos que presentan sus cuentas. Ya hay varios proveedores sanitarios que han amenazado con dejar de servir a determinadas regiones, debido a las deudas que éstas acumulan. Es muy jugoso, desde el punto de vista electoral, inaugurar un hospital o anunciar la ampliación del catálogo de servicios sanitarios, pero luego hay que pagarlos.
Los 15.000 millones de deuda que ha anunciado Ana Mato son el mejor ejemplo del resultado final del actual sistema. Por todo lo anterior, para conseguir ese Pacto de Toledo del que habla la ministra (al igual que el que rige el sistema de pensiones), será necesario un acuerdo entre las 17 comunidades, el Ministerio y los grandes partidos nacionales.