Las siete clínicas abortivas que acordaron con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha la práctica de abortos a raíz de la entrada en vigor de la ley en julio del año pasado acaban de romper ese convenio al no haber recibido ningún pago desde entonces, con lo que la deuda supera el millón de euros.
Así lo ha manifestado a Efe Luisa Torres en su condición de las clínicas Dator, El Bosque, Cire, Gimenur, Deia Médica, Iris y del Instituto Ginecológico de Murcia, los siete centros que mantenían ese acuerdo con la comunidad de Castilla-La Mancha.
Torres ha explicado a Efe que el convenio se rompe ante los reiterados incumplimientos en los pagos por parte de la Administración regional, que estuvo dirigida hasta junio por el PSOE y actualmente por el PP.
La relación contractual entre las clínicas y la Junta comenzó hace catorce meses como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual, Derechos Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Según ha indicado Torres, ante la ausencia de respuestas por los responsables sanitarios ante sus reclamaciones económicas, las clínicas (localizadas en Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Albacete) primero denunciaron el convenio y ahora han anunciado la ruptura del mismo.
Torres ha explicado a Efe que desde la firma de los convenios estas clínicas han practicado alrededor de 3.000 operaciones, todas ellas de bajo riesgo.
A pesar de la ruptura del convenio, las clínicas han dejado claro en un comunicado que seguirán atendiendo a mujeres que "tengan una especial situación socio-sanitaria o económica"