La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que insta a la Generalidad catalana a facilitar educación en castellano a quien lo requiera, no es la primera que se incumplirá ni probablemente la última. La clase política catalana, con la excepción del PP y Ciutadans, hace bandera de la insumisión jurídica ante la manifiesta complicidad del Estado.
De este modo, los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, del Supremo y del Superior de Cataluña son papel mojado en una comunidad donde el castellano está proscrito en los centros educativos y se difunden consignas entre los funcionarios para evitar que los niños lo hablen en el patio.
Entre los profesores son dos las posturas mayoritarias: por un lado la negación de la realidad: no hay tal problema, los niños se manejan en las dos lenguas con igual soltura; o directamente la justificación nacionalista de que la lengua "propia" es la sustancia de la nación y por tanto debe ser la única de la escuela.
En ese contexto de impunidad política y sacralizado el modelo de inmersión lingüística (que garantiza un mínimo del 30 por ciento de fracaso escolar y un puesto fijo en el sótano de los informes Pisa), la única opción de recibir algo de español en clase pasa por la enseñanza privada en colegios extranjeros como el Alemán o el Liceo francés.
El ejemplo más sangrante de esta situación es que el propio Montilla enviaba a sus hijos al Colegio Alemán mientras blindaba un sistema de enseñanza discriminatorio, de puro adoctrinamiento y en el que se diluyen problemas tales como la escolarización de miles de niños en barracones similares a los vestuarios de un tajo.
Por otra parte, los alegatos contra la reforma constitucional por dejar fuera del consenso a los partidos minoritarios no han supuesto obstáculo alguno para que CiU, el PSC, ministros como Chacón (Defensa) y hasta el titular de Justicia (Camaño, inspirador galaico del Estatut) hayan alardeado de que no piensan acatar el fallo, en una delirante escalada de insumisión jurídica y torpedeo de las instituciones políticas y judiciales.