El empeño de varias familias catalanas para que sus hijos sean educados en castellano ha tenido como fruto una nueva sentencia, esta vez del TSJC, en la que se exige a la Generalidad bilingüismo en las aulas. El fallo da un plazo de dos meses para que se implante la enseñanza en español en Cataluña. Sin embargo, la reacción del Gobierno, del Ejecutivo catalán y de los partidos nacionalistas, que han atacado en bloque el fallo, hace suponer que no será cumplida, como tampoco lo fueron los dos fallos del Supremo que obligaban a que el castellano fuera lengua vehicular.
Después de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, defendiera el modelo lingüístico de la educación catalana, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha minimizado los efectos de la sentencia y ha defendido el modelo pues, en su opinión, es constitucional.
En declaraciones recogidas por Efe, ha dicho sobre el auto que la justicia "no da ultimatums, dicta sentencias" que responden a "casos concretos y puntuales que se resuelven".
Por tanto, dijo, "habrá que analizar el fallo y resolver el caso", pero insistió en que lo que dicen las leyes catalanas, "que son constitucionales, es lo que nos vincula a todos" aunque pueda haber, "en cada caso concreto, excepciones acordadas por un juez en una sentencia".
El ministro opinó que, "a pesar de los titulares", esta es la interpretación que hay que hacer, ya que el Tribunal Constitucional, dijo, "reconoció que el catalán puede ser la lengua vehicular de la enseñanza, y lo dijo en una sentencia".
La sentencia a la que aludía Caamaño, la del Estatuto, reconoce al catalán como lengua vehicular, pero añade que "el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".
Descarta su aplicación
Caamaño descartó cambios en el modelo de inmersión. Habló de "necesidades de adaptación" a normas, "pero de eso no podemos dar un salto de un caso a la generalidad de todo el sistema de cooficialidad lingüística en la enseñanza que existe en Cataluña, pero también en otras Comunidades como Galicia o incluso Valencia o el País Vasco", dijo.
Preguntado por si este asunto puede suponer algún tipo de sanción, Caamaño dijo desconocer el contenido concreto del fallo, e insistió en que las sentencias tienen que ser cumplidas, pero "son para casos concretos" y no para supuestos generales. "Lo que regula la conducta general de todos se llama ley, no sentencia", concluyó.
Los nacionalistas llaman a ignorar el fallo
Después de que la Generalidad anunciara este viernes que recurriría la sentencia, los partidos catalanes, a excepción de PPC y C’s, han salido en tromba a atacar el fallo. Uno de los que se ha mostrado más indignado ha sido Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, que lo ha tachado de "atentado" y "ataque político" contra el modelo lingüístico catalán.
También ha asegurado que "de ninguna de las maneras" se modificará el actual sistema de inmersión y que el gobierno catalán presentará los recursos judiciales correspondientes. En su opinión, la obligación de incorporar el castellano como lengua vehicular no procede del TSJC, sino que entiende que este organismo se limita a acatar una sentencia del Tribunal Supremo que, por cierto, sigue sin ser cumplida.
La reacción de ERC, mientras, ha sido emplazar a la sociedad catalana a movilizarse contra el fallo. En una resolución el partido alega que "la legislación del Estado español da un trato discriminatorio hacia el catalán, especialmente si lo comparamos con la legislación de otros estados plurilingües". También dice que la inmersión ha sido "emulada, elogiada y reconocida en todo el mundo" Sobre la resolución, dice que es "un ataque directo" a Cataluña, "de consecuencias muy graves para el sistema de inmersión lingüística en las escuelas catalanas".
El líder de ICV-EUa, Joan Herrera, se ha mostrado partidario de los recursos y a que se apliquen los instrumentos del estado de derecho para "no acatar la sentencia". Herrera ha valorado el auto como un grave ataque al modelo de éxito que, en su opinión, ha representado la inmersión lingüística en Cataluña.
Por otro lado, el sindicato USTEC, mayoritario entre los docentes catalanes, ha rechazado el auto y ha llamado a los profesores a "desobedecer" el fallo. "Llamamos al profesorado a la desobediencia y a mantener el catalán como lengua de aprendizaje y de relación en los centros educativos", ha asegurado en un comunicado.