Este fin de semana, un hombre de 49 años entraba armado con una pistola, cargada con balas de fogueo, en el bar Litos del madrileño barrio de Vallecas. Allí mantuvo, durante más de cuatro horas, retenidos a dos rehenes: el dueño del establecimiento y uno de los camareros.
Según dijo tras ser detenido, no tenía ánimo de lucro en el intento de atraco-secuestro, tan sólo quería "llamar la atención" para transmitir su "angustia personal" por encontrarse en paro. Es más, llegó a decir a los agentes que era una "víctima de una situación personal y laboral complicada".
La desesperación ha hecho en numerosos casos que las personas lleguen a cometer actos fuera de toda lógica para intentar llamar la atención sobre su situación, a modo de un último grito de auxilio. Unas situaciones que han aumentado desde el estallido de la crisis económica en 2007. En otras palabras, su desesperación les lleva incluso a acabar con su propia vida.
Un estudio de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) hecho público recientemente señalaba que la crisis económica ha disparado el número de suicidios en los países de la Unión Europea, unas cifras que se habían ido reduciendo drásticamente durante los años de bonanza económica. El mismo, cifraba en un 8 por ciento lo que habían aumentado en España desde 2007.
Hace unos meses, en diciembre de 2010, se vivió una situación aún más extrema que la acontecida en Vallecas. Un hombre armado con una escopeta acabó con la vida de cuatro personas en la localidad gerundense de Olot. El motivo, según las investigaciones policiales, fue la venganza por unas deudas y los propios problemas económicos del asesino.
Las dos primeras víctimas fueron los dueños de una empresa de construcción en la que estaba contratado el autor de los disparos y a quien debían dinero desde hace tiempo. Después del doble homicidio, se subió a su todoterreno y se dirigió a una oficina bancaria de la localidad, donde mató al subdirector de la sucursal y a una de las empleadas. Según las investigaciones, había intentado cobrar días antes un cheque en la oficina de la empresa constructora, pero no pudo porque no había fondos.
Poco antes, en noviembre, un padre de familia, que llevaba viviendo nueve meses como okupa en un domicilio de Hospitalet de Llobregat, decidió ahorcarse en plena calle, en un parque de la calle Juan de Juanes de la localidad barcelonesa.
El suicida, que dejó una mujer y una hija menor de edad, se había convertido en okupa después de agotar su prestación por desempleo y no poder pagar el piso de alquiler en el que había estado viviendo. Una semana antes de acabar con su vida, había recibido una orden de desahucio en la que se le comunicaba que debía abandonar el inmueble ocupado de manera inminente.
Un año antes, en mayo de 2009, la desesperación ante la inminencia de quedarse sin casa, en la calle, con cuatro hijos y en un país que no es el suyo, llevó a una mujer, de nacionalidad chechena a quemarse a lo bonzo junto a la sede de la Cruz Roja de Alicante.
La mujer había estado viviendo más de un año en una casa que formaba parte del Centro de Migraciones de la Cruz Roja, y que se utilizan para dar alojamiento de forma transitoria a personas que han solicitado asilo en España. El organismo de la institución humanitaria les había fijado un plazo para abandonar el piso porque habían mantenido una "conducta inapropiada" en el inmueble.
El mismo método que esta mujer chechena lo había utilizado dos años antes un inmigrante rumano en Castellón, rociándose con gasolina y quemándose a lo bonzo frente a las dependencias de la Subdelegación del Gobierno para protestar por la situación económica en la que se encontraban en España tanto él como su familia.
Según contó su familia tras los hechos, que acabaron con la muerte del inmigrante por las heridas que se había ocasionado, se encontraban desesperados porque no tenían trabajo y no tenían dinero para comprar los billetes de vuelta a Rumanía. Es más, a través de diferentes trabajos había logrado reunir el dinero para comprarlos, pero alguien les estafó y se habían quedado sin nada.