La medida más polémica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para reducir el consumo energético del país, la reducción de la velocidad máxima de las carreteras, entró en vigor a primera hora de este lunes.
Durante un periodo de cuatro meses, hasta el próximo 30 de junio, si es que de verdad la medida es transitoria, los conductores que circulan por las carreteras españolas tendrán que dejar de tomar los 120 como velocidad máxima de referencia y limitarse a circular a un máximo de 110 kilómetros por hora.
Para este cambio, el ministerio de Fomento se ha visto obligado a cambiar más de 6.100 señales de tráfico, mediante pegatinas con la nueva limitación de velocidad, lo que supuso un coste para las arcas públicas estatales de 250.000 euros. A esto, se tendrá que sumar el gasto que supondrá la modificación de las señales a las comunidades autónomas y diputaciones, en el caso de las vías de titularidad no estatales.
Precisamente, el propio Zapatero llegó a justificar esta medida en el hecho de que la reducción de la velocidad máxima supondrá una reducción en el número de muertes por accidente. Sin embargo, esta medida está muy lejos de combatir muchas de las gravísimas imprudencias que se cometen en el día a día en las carreteras y calles de España.