La normativa entrará en vigor el 2 de enero, de modo que nochevieja y primero de año serán las últimas fiestas en las que los españoles podrán apurar sus cigarrillos en bares, restaurantes y discotecas.
Los diputados han coincidido en que 2011 ofrece una oportunidad genial a los adictos al tabaco para dejarlo, al tiempo que se libera a los 800.000 trabajadores de la hostelería de un aire contaminado, por el que cada año mueren en España 5.000 fumadores pasivos.
Ante el escepticismo de algunos sobre si los españoles respetarán la Ley, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha reconocido que adaptarse a la prohibición "no será fácil ni inmediato" y exigirá "una responsabilidad compartida por todos y todas". "Confiamos en la inmensa mayoría de empresarios que siempre cumplen y respetan las leyes", ha enfatizado Pajín, quien ha insistido en que hoy se ha dado "un paso decisivo a favor de la salud pública de nuestro país".
También la diputada socialista Pilar Grande ha pedido a todos los grupos parlamentarios que colaboren para que "la Ley se cumpla" y para que "no haya insumisos, ni particulares ni institucionales". Grande se ha felicitado de que "por fin la tolerancia estará del lado de los no fumadores", puesto que la nueva legislación cuenta con el apoyo del 74% de la población española.
Y es que "el Gobierno es consciente del esfuerzo colectivo que conllevará su aplicación", como ha dicho Pajín, tras alegar que "no se puede exagerar pero tampoco ignorar que en España mueren 50.000 personas cada año a consecuencia del tabaco", una cifra mayor que la derivada de accidentes de tráfico o consumo de drogas ilegales.
Pajín ha lanzado un "mensaje tranquilizador" a la hostelería, recurriendo a la situación de otros países y a diversos estudios que "dicen claramente que aunque existe un tiempo de adaptación, los bares no se quedarán sin clientes".
Más bien al contrario, según la ministra, la prohibición de fumar supondrá nuevas oportunidades de negocio, al contar ahora con todos aquellos clientes para los que el humo es un obstáculo. Aunque es cierto que "va a exigir cambios" y que se necesitará "cierto tiempo", porque "los hábitos no se cambian en un día", Pajín ha esgrimido que "merece mucho la pena" este esfuerzo.
Asociaciones científicas, sociedades de profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes, muchas de ellas presentes en las tribunas de la Cámara Baja, han aplaudido a la titular de Sanidad.
El diputado popular Santiago Cervera ha expresado la voluntad de su grupo de que esta Ley sea "efectiva" y de que "todas las Comunidades la pongan en marcha de una manera razonable". La mayoría parlamentaria ha echado por tierra el intento del PP de que se permitiera la construcción de cubículos para fumadores, como solicitaban los hosteleros, y tampoco habrá exenciones fiscales para aquellos que hicieron obras en cumplimiento de la anterior Ley.
Multas de hasta 600.000 euros
El endurecimiento de la legislación vigente desde 2006 implica que no se podrá fumar en ningún local, incluidos los bares, los restaurantes, las discotecas, los casinos y los bingos.
También se prohíbe en todo el recinto de los hospitales, incluidos accesos y zonas de tránsito, y en las áreas de ocio infantil así como cerca de los centros educativos, aunque se permite en los lugares abiertos de los campus universitarios.
Como novedad, se autoriza la venta de tabaco a través de máquinas automáticas en las tiendas de conveniencia de las estaciones de servicio, así como de cigarrillos naturales sueltos, un asunto relevante para la economía de las Islas Canarias.
Al amparo de la nueva regulación, no se verán programas o imágenes en los medios de comunicación en las que los presentadores o colaboradores fumen o publiciten tabaco.
Sí se podrá consumir cigarros en los clubes privados de fumadores, en establecimientos penitenciarios, centros psiquiátricos, de mayores y de personas con discapacidad, mientras que los hoteles reservarán hasta un 30% de las habitaciones para fumadores.
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 30 euros, por las graves se exigirá hasta 10.000 y por las muy graves se llegará hasta los 600.000.