Salgado contrata jubilados para que intermedien entre el ICO y las pymes

Salgado explicó que será el ICO el que ponga en marcha esta iniciativa, mediante convenios con las entidades financieras, muchas de las cuales, aseguró, están dispuestas a trabajar con estos asesores.

Serán las Cámaras de Comercio las que contraten a estos "facilitadores", unos setenta en principio, que pueden ser trabajadores prejubilados o jubilados, aunque su sueldo lo pagará el Estado.

El Gobierno prevé que estos asesores podrían estudiar hasta 200.000 solicitudes de crédito según apuntó la ministra, quien admitió que esta medida no garantiza que los préstamos lleguen finalmente a las pymes y los autónomos que utilicen este servicio, aunque sí pretende darles una nueva oportunidad para que lo consigan.

El coste anual de la iniciativa, que se quiere poner en marcha a finales de este año, será de diez millones de euros, y el horizonte de su duración hasta 2012, y con ella también se busca que las pymes y los autónomos accedan gratis a un servicio de asesoramiento que si fuera privado les supondría un gasto adicional.

Los "facilitadores" estudiarán peticiones de crédito de hasta dos millones de euros según explicó Salgado, quien admitió que "hay veces" en que las pymes y los autónomos ven rechazadas sus solicitudes "sin que se estudien detenidamente" antes.

Así, apuntó que se pretende que el banco o caja que previamente rechazó el crédito atienda ahora "razonablemente" la solicitud y en el "supuesto de que no sea así" se podría hacer la petición a una entidad diferente.

También se trata de que el intermediario trate de "encajar" estas peticiones en alguna de las líneas abiertas por el ICO en colaboración con las entidades financieras para facilitar liquidez a las empresas.

La vicepresidenta segunda aseguró que las entidades financieras "no tienen problemas de liquidez" que les impidan dar créditos a pymes y autónomos, y consideró que el problema está más bien en el "coste asociado" al estudio de las peticiones para esos préstamos.

Sin embargo, consideró que esta medida no supone una ayuda adicional a la banca o una forma de hacer su trabajo, sino que pretende animar a las entidades a que vuelvan a evaluar las solicitudes y acaben concediendo los créditos.

En este sentido, señaló que "se entiende" que la entidad financiera ha "terminado su tarea" cuando rechazó el crédito y por eso hay que asesorar a la pyme o al autónomo para que lo presente "de una manera distinta" de forma que el banco o caja le preste atención.

Además aseguró que la iniciativa también tendrá algún coste para las propias entidades, porque contarán con personal y líneas telefónicas para estos trabajos.

Elena Salgado explicó que el Ministerio ha hablado ya con las principales entidades financieras y también con las Cámaras de Comercio para que pongan en marcha este servicio.

Un servicio que se ofrecerá a través de internet o por teléfono, canales por los que los interesados presentarán sus proyectos y, si son viables, las peticiones se admitirán a trámite y se reclamará a la pyme o autónomo correspondientes la documentación necesaria para que acrediten su situación financiera.

Además, los asesores que se contraten se ubicarán físicamente en las instalaciones de las instituciones colaboradoras de todo el país, como la ventanilla única de las Cámaras de Comercio.