La medida del éxito de un negocio no depende de cuánto se vende, sino de cuántos clientes pagan. Esta pequeña máxima está llamada a convertirse en una de las grandes lecciones de la crisis económica. Las empresas ya no se fían de nadie. Y, muy especialmente, de los ayuntamientos y las CCAA, que les adeudan 30.000 y 12.000 millones de euros, respectivamente.
Dicho de otro modo, este secuestro de recursos es más del triple de la recaudación extra que espera obtener el Gobierno con su última subida de impuestos (que afectará al tipo del IRPF, del IVA y los rendimientos del ahorro).
Las cifras hablan por sí solas. El 90% de las pequeñas y medianas empresas admite que tiene problemas con los cobros de sus clientes públicos, de las que una cuarta parte está al borde de la quiebra por la morosidad políticamente correcta que practican, sobre todo, los corporaciones locales. El presidente de la Federación de Autónomos, Lorenzo Amor, declara que "tenemos el yugo en el cuello".
Diversos estudios de morosología estiman que el 20% de estas pymes desparecerá antes de 2011 debido a este yugo financiero. La Asociación Española para la Prevención de Impagos señala que a finales de 2008 los ayuntamientos arrastraban más de siete meses de impagos con las empresas, un plazo de tiempo que supera el año en el caso de profesionales autónomos.
Sin embargo, en pleno epicentro de la recesión, la situación se ha agravado, especialmente, en algunos pueblos de Andalucía, donde los consistorios llegan a demorarse más de 800 días, es decir, ocho veces más tarde los 60 días que estipula ley.
Los retrasos de Gallardón
Aunque las capitales tampoco se libran. El Ayuntamiento de Madrid ha protagonizado un hito en la morosidad de las grandes urbes con el centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid. Se trata de un edificio que costará nueve millones de euros, y que se irá pagando 730 días después de las certificaciones de las entregas de la obra.
En las autonomías el patrón se repite: los retrasos en los pagos se extienden a todas las políticas que les fueron transferidas desde el año 2000. Así, junto con la industria de la alimentación, que tiene un periodo medio de pago de 82 días, según el Banco de España, los proveedores sanitarios y de la construcción son los que más acumulan torres de facturas que nadie abona.
Y sin clientes a la vista, todos los temores se desatan. “Hoy por hoy la gran duda no es ya el plazo, sino si te van a pagar o no”, lamentan desde la Confederación de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco).
El listado de las autonomías más remolonas lo encabezan Cantabria (418 días tarda de media en abonar sus facturas), Baleares (401 días) y la Comunidad Valenciana (309 días), según recoge un estudio del Centro de Morosología de EAE Business School.
¿Pero cómo se ha llegado a esta situación?
La causa, una vez más, urde sus raíces en la incontrolada fiesta del ladrillo, mudada ahora en la peor de las resacas. Y es que un tercio de los ingresos de los más de 700 consistorios que hay en España estaba apoyado en la construcción. Los expertos apuntan a que tras el desfallecimiento del sector puede decirse que están al borde de la bancarrota o en quiebra técnica.
En ocasiones, sus ingresos actuales no cubre ni los gastos corrientes. Mientras, el pozo negro de sus deudas avanza en torno a los 1.300 millones por año. En el segundo trimestre, los ayuntamientos debían 35.677 millones de euros a los bancos, el equivalente al 3,2% del PIB, según recoge el Banco de España.
A nadie se le escapa que esto implica para el contribuyente un peligroso efecto dominó: cuando los números rojos aparecen en las administraciones públicas, todos los ciudadanos tiene que arrimar el hombro para sacar al sector público de sus apuros financieros.
Aumento de impuestos locales
Los madrileños han sido de los primeros en poner el grito en el cielo con la particular subida del Impuesto de Bienes Inmuebles y la restauración de tasas antiguas, como la de basuras, para justificar la subida del recibo de la contribución.
El cobro por la prestación del servicio de comidas a domicilio o por la realización de un control de alcoholemia a quienes den positivo son otras impuestos creativos nacido en la capital. En Guadalajara y Zaragoza se han ideado también nuevas tasas, que consisten en gravar el paso de vehículos a través de las aceras, distinta al vado.
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) alegan que estos recursos extra están orientados a que intentar seguir prestando los servicios básicos a los ciudadanos y mantener los servicios sociales con los mecanismos de ingresos que tienen a su alcance.
Esto es, ingeniería tributaria que practican todos los colores políticos. En Sevilla, existe una tasa por residuos sólidos urbanos y por depuración de aguas, que se paga en la factura del agua. En Ávila, que cerró el año pasado con un déficit de 7,5 millones, subirán nada menos que 14 tasas en 2010.
Pero lo más llamativo es el nuevo tributo para gravar las incineraciones. Las tarifas oscilan entre los 400 euros por hacer uso del crematorio y los 50 euros por utilizar una jardín para ceremonias. Otro caso llamativo es el de Palma de Mallorca, donde el consistorio se ha inventado una tasa por casamiento. Detrás de este tributo late una deuda de 160 millones de euros, 40 millones más que al cierre del ejercicio de 2008.
El Ayuntamiento de Barcelona señala que no incrementará ninguna tasa, es decir, practicará la congelación fiscal. Aunque lo cierto es que la recaudación por IBI (basuras incluidas) se situará en los 465 millones de euros, un 8,5% más que el pasado año, cuando la población está estancada.
Es probable que sean los comercios los que asuman esa subida, que así tendrán un incremento del 10%. En la cornisa cantábrica, Bilbao y Santander configuran la lista de las honrosas excepciones que han conseguido mantener a raya sus deudas.
Planes frustrados
1. Parálisis del crédito
El Fondo de Adquisición de Activos Financieros iba a servir para desbloquear el acceso al crédito de familias y empresas, según el Gobierno. En la tramitación parlamentaria hubo un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para que se concretase un mínimo del 25% destinado a este fin. Sin embargo, cuando se cerró el proyecto legislativo, pasó a ser "hasta" el 25%. El Gobierno ha sufrido muchas críticas por la falta de efecto del proyecto.
2. Líneas del ICO desiertas
La línea de avales ICO-Ayuntamientos, dotada con 30.000 millones, se puso en marcha para ayudar a las administraciones a pagar sus deudas, pero sólo se han consumido 2.300 millones. Tan sólo el 5,4% de los consistorios ha mostrado interés.
El problema es doble: por un lado, son los propios Plenos de los ayuntamientos los que tienen que dar luz verde a la operación. Por otro, los intereses de la banca (que reclama el 5% del importe a devolver) también ha actuado de freno.
3. Sin renta de inserción
El Gobierno defendió a capa y espada el nuevo subsidio de 420 euros para parados sin ingresos como una ayuda eventual para sacar de apuros a los trabajadores más ahogados. Sin embargo, y pese al compromiso de extender la prestación a autónomos y pymes, dado su carácter extraordinario, el colectivo, que carece de la prestación de paro ordinaria, se ha quedado apartado.
Movilizaciones
Siete meses. Ése es el tiempo que han tardado las pymes (que representan el 80% del tejido empresarial en España) en salir a la calle para pedir a los grupos parlamentarios del Congreso que tengan en cuenta la asfixia financiera en la que están instalados.
El pasado 22 de octubre, un nutrido grupo de pymes (1.500, según los datos de la Policía) secundaron la manifestación convocada por la Asociación de Empresas Impagadas de la Construcción (Aepic).
Su principal reivindicación: pedir que se cumpla la Ley de Morosidad y que se penalice con firmeza a quienes retrasan sus pagos más allá de los 60 días establecidos en la norma. La marcha no fue tan multitudinaria como la del pasado 26 de marzo.
En aquella ocasión representantes de 19 Cámaras de Comercio y de más de tres mil organizaciones empresariales secundaron, con sus respectivos asociados, la movilización, la primera protagonizada exclusivamente por empresarios de la que se tiene constancia, al menos, desde el periodo de Democracia.
¿Se va a resolver este problema?
Los impagos de las administraciones han deslizado a los ayuntamientos a un fango peligroso. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acaba de proponer al Gobierno que permita a las corporaciones dedicar al menos el 50% del nuevo Fondo de Inversión Local, dotado con 5.000 millones de euros, para cubrir sus gastos de funcionamiento.
En teoría, esta partida debería dedicarse a implementar el nuevo modelo productivo, basado en la innovación y las nuevas tecnologías, que abandera el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.