En concreto, calculan que existen más de un millón de alquileres no declarados en España, lo que representa el 54% del total del parque de viviendas alquiladas, según el Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España realizado por este colectivo con motivo de su IX Congreso Nacional que se celebra hoy y mañana.
El estudio de los Técnicos de Hacienda cifra en más de 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables, pero excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.
El informe, elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda, revela que si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 89.766 alquileres sumergidos, lo cierto es que el fraude en este sector apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, al pasar del 57,1% al 54%.
Gestha denuncia que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva de su "medida estrella", que obligaba a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de todas las viviendas, con el fin de permitir la identificación de los inmuebles que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente una alquiler sumergido.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, que la mayor parte de las rentas del alquiler no estén declaradas significa que en el seno de la Agencia Tributaria algo está funcionando "muy mal". "Debemos considerar que no es un mérito de la lucha contra el fraude que aumente la media declarada por arrendador, impulsada por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos", indicó.
Cataluña, Andalucía y Madrid encabezan el fraude
Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que más de dos tercios de las viviendas alquiladas cuyos arrendamientos no están declarados (un 68% del total) se concentra en Cataluña, Andalucía y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.
Respecto a la cuantía defraudada, Cataluña lidera el ranking nacional con más de 740 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de las comunidades de Madrid y Andalucía, con 709,7 millones y 404,4 millones de euros, respectivamente.
En el Archipiélago Canario el fraude estimado en alquileres de vivienda es de 148,6 millones de euros, mientras que en la Comunidad Valenciana y en Baleares asciende a 123,6 millones y 78,3 millones de euros cada año, respectivamente.
Por otro lado, según el estudio, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Andalucía, donde más del 74% del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. A continuación le siguen las comunidades de Extremadura (69,80%), Canarias (64,51%) y Murcia (64,11%).
Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en Aragón, donde sólo el 16,27% de los alquileres escapan del control del Fisco. Asimismo, las comunidades de La Rioja y Castilla y León presentan una conciencia fiscal menos laxa que el resto de España, con cifras de pisos no declarados del 16,71% y del 36,31%, respectivamente.
Nuevas medidas
Ante esta situación, Gestha considera "imprescindible" que se cumpla la disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar medidas para que los técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones.
Los Técnicos de Hacienda confían en las medidas de la Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, aprobada el pasado lunes, sea un "primer paso" para una reforma que logre una delimitación mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario.
También sostienen que debe profundizarse en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que se reduzcan aún más los plazos para lograr un desahucio exprés por falta de pago de las rentas.