El Pleno del Congreso ha aprobado la nueva Ley de Servicios de Pago, que permitirá a los comerciantes aplicar recargos en las operaciones con tarjetas de débito o crédito porque anula toda cláusula que impida a los comerciantes "exigir el pago de una cuota adicional u ofrecer una reducción por la utilización de un instrumento de pago específico".
La transposición de la directiva europea de medios de pago supone que un establecimiento no puede cobrar a un cliente más de lo que tiene que pagar a su proveedor.
El Gobierno se reserva la facultad de "limitar" o incluso prohibir el recargo por parte de los comerciantes sobre las operaciones abonadas con tarjetas de crédito u otros medios, si en algún momento se considera oportuno atendiendo a la necesidad de "fomentar la competencia y promover el uso de instrumentos de pago eficaces".
En este sentido, la diputada socialista María Jesús Vázquez negó que este artículo imponga la "obligación" de cobrar un porcentaje de recargo y no supone ningún cambio a la situación actual, sino que se limita a proteger a los comerciantes "de una posible subida" de las comisiones. En cualquier caso, aseguró que la aplicación del recargo es actualmente "prácticamente inexistente".
Aunque la ley sólo señala que el importe de este recargo "no podrá superar los gastos diferenciales en que efectivamente incurra el beneficiario por la aceptación de tales instrumentos", entre los consumidores surgió el temor de que esta medida abra la puerta a un aumento de los precios que puede rondar, según algunos cálculos, hasta el 1% en función de las comisiones de las tarjetas de pago.
No obstante, muchos expertos consideran que los comercios preferirán afrontar el recargo porque el efectivo implica el coste de ir a ingresar el dinero a la ventanilla de una entidad o el riesgo de sufrir un robo.
Las asociaciones defensoras de los derechos de los consumidores recomiendan pagar con dinero en efectivo ante la "inaceptable e inasumible" nueva Ley de servicios de pago, pues encarecerá las compras con tarjetas de crédito.
"Vamos a pedir a los usuarios que dejen de utilizar las tarjetas de crédito porque no tienen que pagar un sobrecoste con una modalidad de pago que venían utilizando toda la vida", ha señalado el secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE) de la Comunidad de Madrid, Eustaquio Jiménez.
Desde la asociación FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez ha afirmado que se ha optado "por la vía fácil" en el conflicto de las comisiones excesivas que se cobran por los pagos con tarjeta, ya que en lugar de imponer limitaciones "al poderoso sector de las tarjetas de crédito", se traslada el problema "a la parte más débil del mercado, los consumidores".
"La única recomendación al consumidor es que usen menos las tarjetas", y que cuando vayan a realizar una compra con ella sean conscientes de que pagar con tarjeta es más caro que pagar en efectivo, ha concluido.
El portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Antonio López, ha explicado que el contenido de la ley le parece "ambiguo" pero que se van a oponer si lo que se pretende es cobrar al usuario un tanto por ciento por utilizar la tarjeta.
El usuario va "a castigar" a esos comercios y van "a penalizar" a las tarjetas tradicionales frente a las de fidelidad de los grandes almacenes, ha apuntado.