Con esta entrevista, LD inaugura su nueva sección Profesionales , un apartado que recogerá las principales informaciones de los colectivos que, en definitiva, conforman el tejido empresarial español y generan empleo. Desde el ámbito jurídico, pasando por el tributario, las nuevas tecnologías y los clásicos sectores de actividad económica, los lectores podrán conocer las principales novedades y escuchar las opiniones de los profesionales que desarrollan su labor en España.
Los problemas entre Gestha y la AEAT se han agudizado en los últimos meses y las denuncias sobre la ineficiencia del plan contra el fraude fiscal parecen estar detrás de la persecución que sufre vuestro colectivo. ¿Qué necesidades tiene el cuerpo profesional de técnicos de Hacienda? (salariales y en términos de volumen de personal)
Más de 220 sentencias del Tribunal Supremo y otras de la Audiencia Nacional han anulado las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Agencia Tributaria del Estado por no determinar las funciones principales de los técnicos del Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda eludió cumplir las sentencias propiciando el cambio de la ley para que la descripción de las funciones esenciales no fuera un requisito de las RPT.
Esa elusión, lejos de solucionar un conflicto, lo agravó al suponer una burla a los fallos judiciales y al ser considerado una ofensa a la dignidad profesional de los técnicos, largamente reivindicada.
Desde Gestha solicitamos la creación de un nuevo Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) que reconozca las funciones superiores que efectivamente desempeñan ya los técnicos estatales desde hace años en el control aduanero y tributario, y en el del gasto público y de las subvenciones.
En la actualidad, los Técnicos estatales pertenecemos al subgrupo A2, por lo que consideramos que el reconocimiento de las funciones superiores efectivamente desempeñadas nos llevaría a clasificarnos en el subgrupo A1 y a la asunción de mayores responsabilidades en el control del gasto público y en la prevención del fraude fiscal, la economía sumergida y el blanqueo de capitales.
Una vez definidas las nuevas funciones y mayores responsabilidades de cada funcionario, se debe analizar si el número de empleados son suficientes para reducir el elevado nivel de fraude, o si es necesario aumentar las plantillas al nivel de otros países de nuestro entorno. Posteriormente, se debe elaborar una nueva RPT que atribuya a cada puesto la retribución correspondiente según las nuevas funciones y mayores responsabilidades.
La expansión inmobiliaria española ha generado multitud de ingresos para las empresas del sector, pero la opinión pública conoce la existencia de irregularidades en la gestión de estos ingresos y su correspondiente componente tributario. La explosión de la burbuja ha sacado este tema del debate, pero no por ello es menos importante. ¿Hacienda ha perdido una oportunidad de oro para obligar a estas empresas a cumplir sus obligaciones tributarias?
Es cierto que este debate ha perdido intensidad y que Hacienda ha perdido también una gran oportunidad ya que ha prescrito la posibilidad de investigar y detectar los enormes fraudes inmobiliarios cometidos en 2002 y 2003 que podrían haberse rastreado a partir de los billetes de 500 euros.
Sin embargo, la Agencia Tributaria del Estado no debe aflojar ahora excusándose en la recesión económica, máxime cuando sabemos que el impago de impuestos en este sector roza los 9.000 millones de euros anuales y máxime cuando el 80% de las investigaciones abiertas sobre operaciones realizadas con billetes de 500 euros se circunscriben a constructoras e inmobiliarias.
Como denuncian reiterados informes de las Instituciones Comunitarias, en estos últimosaños creció en exceso el sector constructor en nuestro país, alentado por determinadas políticas en la búsqueda de un motor del crecimiento económico general, ante el retroceso de otros sectores menos intensivos en mano de obra pero que hubieran aportado mayor competitividad y estabilidad a nuestra economía.
No podemos obviar el hecho de que el 14% del PIB en años pasados ha llegado a tener su origen en la construcción. Ahora que la recesión es oficial, la actividad de las empresas promotoras, constructoras e inmobiliarias no puede quedar impune por el único hecho de encontrarse el sector en situación de crisis.
España es uno de los países que más billetes de 500 euros ha tenido tradicionalmente en circulación, y ahora Gestha advierte sobre el uso masivo de billetes de 200 euros. ¿Qué repercusiones tiene este factor sobre la Administración Tributaria?
España acapara el 21% de los billetes de 500 euros en circulación en toda la Euro Zona, y el 12% de los billetes de 200 euros. Desde luego el peso de la economía de España no justifica tal atesoramiento de billetes grandes.
La lectura más clara es que la Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal ya que sus escasas investigaciones de las operaciones realizadas solo con billetes de 500 euros, apenas un 1% del saldo total, han servido para que los grandes defraudadores cambien su modus operandi pero no para que dejen de defraudar. Simplemente, han cambiado su instrumento de fraude, lo que debe obligar a la Agencia Tributaria a preparar un plan específico para las transacciones con los billetes de 200.
El Gobierno reclama a los bancos que abran el grifo del crédito, aunque existen muchas empresas que tienen que cerrar debido al dinero que le deben las Administraciones y al mismo, el Fisco cobra intereses de demora que triplican los del mercado cuando un contribuyente no hace frente a sus obligaciones. ¿A qué se debe esta problemática?
La caída de la actividad económica propias de la coyuntura actual, motivó que se redujeran los ingresos tributarios en un 12,6% hasta noviembre de 2008, lo que en términos de recaudación supone 23.559 millones de euros menos con respecto al mismo periodo de 2007.
La caída de los ingresos de recaudación está provocando el fuerte déficit público con que se está encontrando el Ejecutivo y que ya le ha valido una advertencia de Bruselas si supera el 6%.
Esa fuerte caída en la recaudación está obligando a todas las Administraciones Públicas a restringir el gasto social, y está dificultando el pago aplazado de las inversiones aprobadas en años anteriores.
Por otro lado, se está contabilizando un fuerte incremento de las solicitudes de aplazamiento de los pagos tributarios de las empresas, debido a la restricción del crédito y al aumento de la morosidad.
Vemos incomprensible que la Ley de Presupuestos para 2009, aprobada hace un mes, establezca en un 7% el interés de demora aplicable a los aplazamientos de las deudas tributarias, mientras el Banco Central Europeo trata de dinamizar la economía con sucesivos recortes del dinero, y sitúe la tasa anual de interés del dinero en el 2%.
Asimismo, resulta contradictorio que la AEAT aplique un interés de demora tan elevado cuando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) está favoreciendo la financiación de pymes y grandes empresas con líneas de crédito muy ventajosas (a tasas referidas al euribor) o cuando el mismo Gobierno está exigiendo a bancos y cajas la puesta en marcha de políticas económicas tendentes a alentar el crédito y el consumo, así como a rebajar el euribor al entorno del interés del dinero fijado por el BCE.
Para ello, apoyamos la modificación urgente del tipo de interés legal del dinero y del tipo de interés de demora y de los aplazamientos, que se debatirá en el Congreso a iniciativa de Izquierda Unida.
La expansión de las competencias autonómicas en los últimos años ha generado desigualdades territoriales en multitud de aspectos. En el caso de los técnicos de Hacienda ¿existen muchas diferencias en las condiciones de trabajo de los profesionales atendiendo al ámbito geográfico en el que operan?
En cuanto a las condiciones de trabajo, las diferencias básicamente son dos, profesionales y retributivas. Por ello, venimos solicitando desde hace tiempo que se armonicen las condiciones laborales establecidas en el Estado y en las Comunidades Autónomas y que son especialmente significativas con los técnicos homólogos de la Agencia Tributaria Catalana, la Agencia Tributaria Andaluza, la Consejería de Hacienda de la Comunidad Valenciana y las Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra, donde estos funcionarios son reconocidos como subgrupo A1, pudiendo ejercer legalmente las funciones de liquidación, de inspección, recaudación y del control del gasto público y de las subvenciones.
En la actualidad, los Técnicos que desarrollan su actividad en las consejerías y servicios tributarios de las Comunidades Autónomas perciben un salario mensual 766 euros superior al de aquellos funcionarios que ejercen la misma labor en el Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria, según un estudio realizado por Gestha a partir de datos de las respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo.
La UE ha solicitado a todos los Estados miembros que acometan medidas de apoyo fiscal a empresas y ciudadanos para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares ante la crisis económica y facilitar al sector privado el cierre de sus cuentas anuales ¿Considera que se están llevando a cabo estas recomendaciones en España?
El Ejecutivo no ha anunciado propuestas fiscales nuevas que permitan hacer frente a la recesión económica que con tanta virulencia está afectando a las familias y a las pymes, más allá de la devolución anticipada de los 400 euros a trabajadores y autónomos, que de hecho supone una rebaja fiscal para quienes les afecte.
Otras medidas como el cheque bebé o las ayudas a madres trabajadores con hijos menores de tres años, ya fueron aprobadas en años de crecimiento económico, por lo que no pueden atribuirse a la nueva situación.
Por el contrario, la tarifa y los mínimos personales del IRPF-2008, que declararemos en junio próximo, se han deflactado solo al 2% en vez de al 4,7% de inflación oficial, por lo que la práctica totalidad de las familias verán aumentada nominalmente en esa diferencia su factura fiscal respecto al año anterior.
Además de pedir la modificación legal del tipo de interés en los aplazamientos comentada con anterioridad, desde Gestha abogamos por una bajada transitoria del IVA en aquellos sectores intensivos en mano de obra, como son el constructor, el comercio al por menor, hostelería, agricultura y transporte ya que sería una forma rápida y efectiva de aliviar el gasto de las economías domésticas y reactivar el consumo en aquellos sectores como el inmobiliario o automovilístico, donde las restricciones crediticias han hecho mayores estragos.
Por otro lado, lamentamos que el Ejecutivo no haya anunciado tampoco medidas más ambiciosas en la lucha contra el fraude fiscal que permitan aflorar las bolsas de dinero negro existentes en España, con el fin de evitar que la situación del déficit público, represente un riesgo para la estabilidad presupuestaria del Estado o recortes de financiación de las Comunidades Autónomas y Entes Locales.
Muchas empresas se están quejando de los problemas que tienen para poder solicitar la devolución mensual del IVA (una medida que, supuestamente, lanzó el Gobierno para no lastrar la liquidez de las empresas) ¿Se está cumpliendo esta promesa?
En efecto, el Gobierno lanzó esa medida para que a partir del 1 de enero de 2009 los autónomos, los empresarios y las sociedades a las que habitualmente les resulta a devolver el IVA (o del IGIC en Canarias), porque sean exportadoras, o porque repercutan un IVA menor que el que soportan, puedan financiarse con su propio dinero.
Es un régimen voluntario que deberá solicitar el sujeto pasivo mediante la inscripción en el registro de devolución mensual del IVA, que pretende evitar el coste financiero que representa el diferimiento en la percepción de las devoluciones, especialmente en aquellos períodos de declaración en los que se habían realizado fuertes inversiones o bien cuando se tiene la intención de comenzar el ejercicio de una actividad empresarial o profesional.
El nuevo régimen de devolución mensual se abre a la gran mayoría de los sujetos pasivos que deban tributar por el IVA, con independencia de la naturaleza de sus operaciones y del volumen de éstas.
Para poder ejercitar el derecho a la devolución mensual, los sujetos pasivos deberán estar inscritos en un “registro de devolución mensual”. Su entrada se articula a través de una Declaración Censal específica salvo para los que ya estuvieran inscritos en el registro de exportadores y otros operadores.
Los problemas que algunas pymes y autónomos encuentran es que obviamente deberán liquidar el IVA con periodicidad mensual (lo cual les exige mayor disciplina contable) y las autoliquidaciones se presentarán exclusivamente por vía telemática (lo cual les exige algo de destreza informática, o confiar el trabajo a su asesor).
Más disciplina y diligencia contable se exige a quien quiera acogerse a este nuevo sistema, la obligación de presentar en cada periodo de liquidación una declaración informativa con los datos anotados de los libros registro IVA (o del IGIC), hasta el último día del periodo de liquidación a que se refiera. Dicha declaración deberá presentarse en el plazo establecido para la presentación de la autoliquidación del impuesto correspondiente a dicho periodo.
Muchos contribuyentes denuncian que Hacienda está retrasando las devoluciones del IRPF de 2007 (las declaraciones que se presentaron en 2008) ante la pérdida recaudatoria por la crisis. Incluso algunos denuncian que se les ha abierto una inspección con el único objeto de paralizar la devolución y retrasar el pago lo máximo posible ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Es cierto que durante el pasado verano detectamos un retraso en las devoluciones del IRPF - un “artificio contable” totalmente lícito, por otra parte, para no aumentar el déficit de un mes concreto- pero esta dilación se subsanó y posteriormente no hemos detectado ninguna demora.
Concretamente, fue a partir del día 10 de julio cuando se detectó un parón en las devoluciones de la Renta ya que la Agencia Tributaria del Estado decidió paralizarlas para garantizar que el “dinero” estuviera en la “caja” al cierre del mes de julio, máxime si se tiene en cuenta que fue en el mes de junio de 2008 cuando las arcas públicas entraron por primera vez en números rojos.
A lo largo del segundo semestre de 2008, no hemos apreciado un aumento de las inspecciones o comprobaciones de las devoluciones del IRPF. A partir del 1 de enero de 2009, las devoluciones que se efectúen devengarán interés de demora a favor del solicitante, salvo que el interesado haya dilatado indebidamente la comprobación.
¿Qué pensáis de la rebaja fiscal a los banqueros? (el "aguinaldo fiscal")
Estamos en profundo desacuerdo con esta medida. De hecho, hemos presentado una demanda ante el Tribunal Supremo para recurrir por vía judicial esta decisión.
Esta medida se ha aprobado en el reglamento que desarrolla la Ley para la prevención del fraude, pero el aguinaldo es una rebaja fiscal que nada tiene que ver con reducir el fraude. Además se ha incluido en una Disposición adicional con un texto ininteligible hasta para muchos expertos a los su lectura les había pasado desapercibida.
A nuestro juicio, lo más relevante es que esa norma que aprueba el Gobierno vulnera la Ley del Impuesto sobre la Renta que había aprobado el Parlamento en 2006, precisamente para evitar el abuso fraudulento de las operaciones financieras entre socios y sociedades.
Por otra parte, desde Gestha pensamos que la modificación de la fiscalidad a este selecto club representa una discriminación injustificada y un agravio comparativo hacia el resto de empresarios de los demás sectores productivos, porque beneficia exclusivamente a los grandes accionistas de los bancos, los miembros de sus cúpulas directivas, y también a sus cónyuges y ascendientes o descendientes hasta tercer grado, que podrán tributar en el IRPF a un tipo impositivo veinticinco puntos porcentuales por debajo del resto de administradores de otras empresas.
Finalmente, ¿Qué consideráis que debe hacer la AEAT para que la nueva pérdida de ingresos tributarios esperada para 2009 no genere problemas en las arcas públicas?
Las Autoridades del Ministerio y la Agencia Tributaria del Estado deben ser muchos más ambiciosas en la lucha por aflorar la economía sumergida, el dinero negro y evitar el fraude en las subvenciones.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda venimos proponiendo a las diferentes Autoridades administrativas y explicando a los Grupos políticos numerosas y concretas medidas que mejorarían sustancialmente la lucha contra el fraude, algunas de las cuales finalmente están siendo asumidas por la la Agencia Tributaria del Estado con varios años de retraso.
Pensamos que con la habilitación profesional de los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda y un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, hasta el 13% del PIB, lo que significaría aflorar cerca de 90.000 millones de euros y recaudar –vía impuestos – unos 25.000 millones de euros anuales adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades.En la actualidad, la bolsa de fraude en España , tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB, lo que supone un montante de 240.000 millones euros.