Tes semanas después del cambio en la presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, el nuevo responsable del organismo, José Antonio Gonzalo Angulo, tiene previsto reunirse esta semana con las corporaciones que representan a los revisores de cuentas para dar luz verde al proyecto de la nueva ley.
Desde octubre del pasado año, el Instituto ha desarrollado tres textos, dos de ellos bajo el mandato del anterior presidente, José Ramón González. Pero es ahora, tras la denuncia de Bruselas a España (justo un día antes del relevo en la presidencia del Icac) por incumplir el plazo de adaptación de la Octava Directiva sobre auditoría y ante la próxima presidencia española de la Comisión Europea cuando el Gobierno ha dado prioridad a la tramitación de la ley.
Modificaciones
El tercer borrador del proyecto elaborado por el Icac, que previsiblemente será remitido al Consejo de Ministros a finales de agosto para su posterior tramitación en el Parlamento, podrá contar con algunas modificaciones realizadas por las corporaciones de auditores.
Además, se podrán introducir otros cambios como consecuencia de las posibles enmiendas que realice el Parlamento una vez que el Consejo de Ministros (tras una primera lectura y su posterior aprobación) reenvíe el proyecto a los partidos.
Los revisores de cuentas están representados por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, asociación que agrupa el 84,5% del negocio de la revisión de cuentas); el Consejo General de Economistas, que representa al 11,8% de los auditores; y el Registro de Titulados Mercantiles, que supone el 3,5% de un negocio que en 2008 facturó 1.880 millones de euros.
Estas tres corporaciones llegaron a un acuerdo histórico de colaboración a principios de este año para ejercer mayor presión sobre la Administración pública con el fin de agilizar y promover los cambios necesarios para el sector, conscientes de que sus diferencias durante los últimos años fueron excusa suficiente para el retraso en la modernización de su legislación.
Además de por las , la demora en la adaptación de la directiva europea (que fue desarrollada ediferencias en el pasadon 2006 para su transposición al derecho nacional a más tardar, en junio de 2008) se vio incrementada por el parón parlamentario derivado de las elecciones generales celebradas en marzo de 2008. Y, posteriormente, por los cambios en la cartera de Economía, con la sustitución de Pedro Solbes por Elena Salgado.
Ahora, la Ley de Auditoría de Cuentas recogerá por fin el cambio en el régimen de responsabilidad de los auditores (España es el único país de la UE donde los revisores tienen una responsabilidad ilimitada), de acuerdo no sólo a la norma comunitaria, sino también a las últimas sentencias falladas por los tribunales españoles en esta materia.
El pasado octubre, el Tribunal Supremo aplicó el principio de responsabilidad limitada en un caso de condena a la firma PricewaterhouseCoopers. Además, deberá contemplar las propuestas realizadas desde Bruselas sobre los procesos de control de calidad y el modelo de supervisión del sector, así como la rotación de los revisores, entre otros aspectos.