LD (L. Ramírez) El Ejecutivo no ve una salida de la crisis económica en el corto plazo, aunque todos los responsables gubernamentales insistan en repetir una y otra vez que a partir de 2010 se verá la luz al final del túnel. Una muestra de esta falta de confianza en su propio análisis se encuentra en el Real Decreto que permite a los ayuntamientos elevar su deuda conjunta en 11.000 millones de euros para pagar el dinero que los consistorios deben a pymes y autónomos.
Según el texto, que fue publicado el pasado sábado, el Gobierno da 6 años de plazo a los ayuntamientos para cancelar la operación concertada con las entidades financieras, con la condición de que apliquen los recursos obtenidos a pagar las obligaciones pendientes con empresas y autónomos en el plazo máximo de un mes.
Aunque el texto normativo establece que el dinero que podrá solicitar cada ayuntamiento dependerá “del remanente de tesorería negativo” que exista en las arcas municipales al cierre de 2008, posteriormente señala que el importe solicitado podría ampliarse “por la acumulación de remanentes negativos de ejercicios anteriores”. Es decir, que servirá para cubrir los agujeros que hayan abierto las Administraciones Locales antes del origen “oficial” de la crisis.
Por otra parte, el Gobierno tampoco se fía de que la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) no sea ejecutada por la falta de capacidad de algunos municipios para hacer frente a sus pagos. Por ello limita el importe al 25% de las obligaciones fiscales que tengan los ayuntamientos. La razón es sencilla: si un consistorio no paga, entonces el Estado, a través del Fisco, retendrá los ingresos tributarios cedidos a los ayuntamientos por el importe impagado.