En un comunicado, el colectivo tachó esta situación de "disparatada" al considerar que Hacienda debería adaptar su 'modus operandi' a la crisis y, en lugar de investigar a los colectivos más perjudicados por la coyuntura, tendría que poner el acento en cuestiones como la economía sumergida o en los grandes defraudadores.
Por capítulos, Gestha detalla que esta situación afecta a la mayoría de los más de 2,5 millones de desempleados que en 2009 cobraron prestaciones por desempleo, aquellos que percibieron más de 1.500 euros en el conjunto del año, normalmente sin retenciones.
En estos casos, el límite para no estar obligado a declarar el IRPF baja a los 11.200 euros de ingresos íntegros, desde los 22.000 euros si hay sólo un pagador.
En segundo lugar, Gestha se refiere a los casos de las personas que pierden su vivienda al no poder pagar la hipoteca, a pesar de la moratoria de dos años en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales, aprobada a partir del 1 de enero de 2009 para los parados y trabajadores autónomos que hayan cerrado su negocio o reduzcan sus ingresos.
En estas situaciones, si el precio de la subasta o la deuda, incluidos los intereses moratorios, indemnizatorios y costas, supera el precio escriturado de la vivienda, Hacienda considerará que el desalojado ha obtenido una ganancia patrimonial, y le exigirá entre un 19% y un 21%.
Gestha denuncia igualmente que Hacienda ha encontrado un filón en los casi 119.000 casos de separaciones y divorcios. En los casos en que el principal bien de la pareja es la vivienda hipotecada, el cónyuge que se adjudica la vivienda suele solicitar un préstamo para pagar a su ex pareja la mitad correspondiente. Realizada esta liquidación, Hacienda considera que el ex cónyuge, que ha vendido la mitad, ha obtenido una ganancia patrimonial, y le reclama entre un 19% y un 21%.
Pero los técnicos de Hacienda advierten que estas situaciones "disparatadas" no son exclusivas de las personas, sino que también afectan a más de 15.000 empresas. Así, concretan que aquellas sociedades que entran en proceso concursal padecen situaciones "absurdas" en las que, en caso de llegar a un acuerdo con quita a los acreedores -ya que se supone que no puede pagar-, Hacienda les imputa un beneficio a distribuir en varios ejercicios "que tributará en el Impuesto sobre Sociedades
Esta situación se reproduce en las daciones en pago de deudas, que son operaciones en las que el deudor que no tiene liquidez entrega un bien para pagar una deuda, y en las disoluciones societarias provocadas por una insolvencia definitiva.
Andalucía, la más afectada
Por comunidades autónomas, Andalucía es la región que concentra mayor número de afectados por situaciones de este calado, con más de 560.000 parados, divorciados y empresas en quiebra afectados. A continuación se sitúa Cataluña (440.000 casos), seguida de la Comunidad Valenciana (315.365), la Comunidad de Madrid (309.432) Canarias (170.076) y Galicia (138.402).
Por detrás, se localizan otras regiones como Castilla-La Mancha (114.464), Castilla y León (107.086), País Vasco (83.930) y Murcia (79.713), seguidas de Extremadura (70.693), Baleares (68.932), Aragón (63.949) y Asturias (52.374).
Por el contrario, las comunidades con menos personas y sociedades afectadas por estas situaciones son La Rioja (14.837), Cantabria (26.906) y Navarra (29.279).