La CNC, que remarca el margen de mejora que desde el punto de vista de la competencia presenta esta regulación en España, recuerda que la transposición de la Directiva supone la "necesidad ineludible" de revisar la normativa relativa a la ordenación del comercio, tanto por parte del Estado como por parte de las distintas comunidades autónomas.
En lo referente a la legislación estatal, la Comisión considera que la correcta adecuación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, cuya reforma se encuentra en curso, debería implicar la alineación de esta norma con los principios de la Directiva en cuanto a la reducción de cargas administrativas y a la excepcionalidad en la instauración de regímenes de autorización para el ejercicio y el establecimiento de los servicios.
Supresión de licencia
En este sentido, sostiene que debe suprimirse el régimen de la licencia comercial obligatoria para la instauración de grandes superficies. "Debería eliminarse, de plano, la obligación de obtener licencia comercial específica para la instauración de una gran superficie, así como para cualquier otro tipo de formato comercial", recalca la CNC, que también defiende la necesidad de eliminar el concepto de gran establecimiento comercial que recoge la Ley.
Asimismo, apuesta por "reconsiderar" otros regímenes de autorización específicos, como la instalación de máquinas para la venta automática, o el ejercicio de la venta ambulante.
El organismo también considera conveniente la eliminación de la obligación de inscribirse en determinados registros para prestar una determinada actividad, como el registro de ventas a distancia y el registro de franquiciadores.
"Ir más allá" en la liberalización
En todo caso, en opinión de la CNC, la necesidad de liberalizar este sector "debería ir más allá del mero ejercicio de transposición de la Directiva de servicios". Así, señala que en el articulado de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista existen diversos preceptos cuya modificación resultaría "altamente recomendable" desde el punto de vista de competencia, con independencia de que en sentido estricto la Directiva de Servicios no obligue a modificarlos.
Concretamente, emplaza al Gobierno a aprovechar el impulso de reforma actual para, entre otras actuaciones, eliminar la prohibición de venta de mercaderías en establecimientos financieros y la restricción de las rebajas a períodos determinados, propuestas que considera "altamente convenientes".