(Libertad Digital) El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, ha anunciado que los recursos obtenidos por las CCAA tras la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2006 superaron "por primera vez" los 100.000 millones de euros, un 12,7 por ciento más que el año anterior. La mitad de los recursos se los repartieron las tres regiones más grandes, Madrid, Cataluña y Andalucía. Sin embargo, si se calcula la financiación recibida por habitante las comunidades más beneficiadas son Cantabria (con 3.145 euros por habitante) y La Rioja (con 3.113). En el otro extremo se situaron Madrid, Murcia (con 2.479 euros per cápita), Comunidad Valenciana (con 2.405), Baleares (con 2.437) y Canarias (con 2.400).
A pesar de ser una de las comunidades que más aportan al sistema, en Madrid, la financiación cayó hasta los 2.527 euros por habitante, por debajo de la media nacional (2.630). En comparación con el año anterior, Madrid y Murcia cayeron en 2006 por debajo de la media. En cambio, Cataluña, una de las comunidades que más reclaman un nuevo sistema de financiación, recibió 2.651 euros por habitante, por encima de esta media nacional.
Ocaña justificó este reparto afirmando que la financiación per cápita ha crecido de forma importante en comparación con los aumentos de la población, de forma que las CCAA, que han sufrido un mayor incremento de población han visto también como sus recursos crecían en mayor medida. En concreto, regiones como Murcia, donde la población se ha incrementado en un 21,1 por ciento entre 1999 y 2006, los ingresos crecieron en el mismo periodo un 112,6 por ciento. Lo mismo sucedió en Baleares, donde la población creció un 21,8 por ciento y los ingresos se incrementaron un 93 por ciento.
El secretario de Estado precisó que casi el 79 por ciento de los recursos del sistema de financiación, 86.804 millones de euros, es transferido por la AGE, lo que supone un incremento del 12,4 por ciento respecto al ejercicio anterior. Además, ha destacado que del total de los tributos recaudados por las comunidades, los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados han crecido en un 17 por ciento y alcanzaron en 2006 los 17.960 millones de euros.